El miércoles pasado, un comité de la Cámara de Baja de EE.UU. aprobó un proyecto de ley para financiar el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) que incluye la eliminación de dinero para el programa de exención de visados de Chile.
La medida, que recibió 33 votos a favor y 25 votos en contra, incluye una disposición que prohíbe el uso de fondos para el procesamiento del programa de ingreso de ciudadanos chilenos hasta que las autoridades de nuestro gobierno compartan información sobre los antecedentes penales de esos ciudadanos con el gobierno de EE.UU.
La enmienda se incorporó a la propuesta de presupuesto del DHS después de que el presidente republicano de la Cámara, Kevin McCarthy, criticara el programa de exención de visa de Chile en un discurso la semana pasada en California.
Según McCarthy, una gran cantidad de chilenos que ingresan a Estados Unidos a través de este programa son miembros de grupos del crimen organizado que roban residencias y negocios en California.
El republicano afirmó que eliminar a Chile del programa daría a las autoridades estadounidenses la oportunidad de verificar los antecedentes penales de los visitantes chilenos antes de que ingresen al país.
Chile es la única nación en América Latina que participa en el programa de exención de visa de EE.UU., pero a diferencia de otros países, las autoridades chilenas no permiten la verificación de antecedentes penales de los viajeros.
Los políticos estadounidenses de ambos partidos han expresado durante mucho tiempo su preocupación de que las redes criminales estén aprovechando esta circunstancia para atacar negocios en California y en otros lugares.
Chile registró la mayor cantidad de deportados en 2022 entre las naciones participantes, según el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos.
El número de chilenos deportados el año pasado, según la organización norteamericana, fue de 553 en total, un 119,4 por ciento más que en 2021.
Hace unos días, el canciller Alberto van Klaveren expresó su preocupación de que “un grupo de delincuentes” pusiera en peligro la continuidad de la participación de la nación en el programa estadounidense a raíz de estas estadísticas.
