Situaciones de maltrato y acoso laboral, misoginia, mal uso de instrumentos públicos, actos contrarios a la probidad, entre otros hechos reprobables a lo menos ética y moralmente, fueron denunciadas por un grupo de funcionarios públicos de la Seremi de Vivienda y Urbanismo Metropolitana, a través del procedimiento de Tutela Laboral que permite la tramitación de casos de este tipo, en la justicia laboral regulada por el Código del Trabajo.
La aplicación de las normas laborales que permitieron defender los derechos fundamentales de estos trabajadores del Estado, que se vieron afectados durante un largo periodo, lograron visibilizar situaciones como el despido o no renovación de contrato, como es en el caso de los funcionarios públicos, de manera injustificada y basadas en argumentos falsos.
Los hechos que afectaron a más de 10 profesionales de carrera, algunos de ellos por sobre los 20 años de servicio, ocurrieron entre 2018 y 2021, con el despido de los que denunciaron a través de los conductos regulares establecidos por el Estatuto Administrativo, sistema que debe resguardar los derechos y obligaciones del quehacer de los trabajadores del Estado.
Casos como despidos con licencia médica, la implementación de instrumentos no oficiales para calificar el desempeño profesional de un funcionario de manera arbitraria por parte de otros sujetos que no son sus jefaturas, ofensas y amenazas por temas de género, maternidad y enfermedades como la obesidad y depresión.
De esta manera se inició un sumario interno en la Seremi de Vivienda Metropolitana, para investigar la situación de maltrato y acoso laboral que sufrió la Unidad de Difusión y Relaciones Públicas, sin embargo, las funcionarias fueron despedidas a finales de 2020, por la autoridad que resolvía dicho sumario, quien le informó al fiscal antes de que concluya dicha investigación y que resolvió en concomitancia.
A raíz de los despidos, se iniciaron una serie de denuncias contra el fisco tal como lo dicta la ley actual, permitiendo probar en tribunales la vulneración de derechos y evidenciando los numerosos y reiterados maltratos que sufrieron los funcionarios, dos de ellas con resultados de enfermedades graves que requirieron internación en centros de salud.
“La Tutela Laboral nos permitió la justicia necesaria ante una serie de situaciones en que se les aplastó con todo el peso del Estado, por autoridades, con recursos públicos, y por parte de un ente estatal que es el primer llamado a velar por los derechos de los trabajadores y del bien común y eso es lo que lo vuelve más aberrante. Es importante evidenciar que son muy pocos los que se atreven a denunciar porque son perseguidos, sobre todo por sujetos que en muchos casos son operadores políticos puestos en esos cargos estratégicos o utilizados para esos efectos”
“En estos casos se trata de funcionarios de carrera que pudieron demostrar que sus despidos fueron absolutamente maquinados utilizando la posición de poder a fin de manipular los servicios públicos, pasando sobre los derechos, las carreras y las vidas de sus funcionarios, más en plena situación de pandemia y con algunos de ellos con problemas de salud graves”, explica Helena Gallegos, abogada defensora.
“Más allá de la justicia que logramos en tribunales y sabemos que viene a reparar en parte el daño que sufrieron los afectados, los efectos se mantienen hasta el día de hoy. Vieron truncadas sus carreras funcionarias de la peor manera, en el peor escenario y en un momento donde al menos esperaban que su institución los respaldara y no fue así. Sabemos que los responsables de los maltratos siguen en sus puestos y esto mantiene latente el abuso”
“La reparación tiene que ser, sobre todo, por el servicio que causó o dejó que se ocasione el daño, y por tanto las disculpas deben ser asumiendo el cómo y por quién se vulneran los derechos de otros compatriotas y las medidas efectivas que se tomarán para que nunca más”, finaliza Gallegos.
Con las primeras sentencias favorables, donde además la justicia laboral les reconoció la figura de Daño Moral a causa de un despido con vulneración de derechos constitucionales la Tutela Laboral permitió establecer la transgresión de las garantías de los empleados públicos como cualquier otro trabajador chileno.
