El retiro de los permisos constitucionales de dos senadores que acompañan al presidente José Antonio Kast en su gira por Asia abrió una controversia política en el Congreso, luego de que una parlamentaria denunciara que su firma habría sido utilizada sin autorización. El episodio involucra al senador socialista Juan Luis Castro y elevó las presiones para que el Senado remita los antecedentes al Ministerio Público.
Los parlamentarios afectados son Fidel Espinoza (PS) y Ximena Órdenes (PPD), cuyos permisos constitucionales fueron retirados en medio de las negociaciones del Presupuesto 2027. Ambos aseguraron que la decisión se tomó sin su consentimiento, mientras que Órdenes denunció específicamente que su firma habría sido utilizada sin autorización para tramitar la revocación.
Aunque los permisos fueron restituidos durante la mañana del miércoles, el episodio abrió cuestionamientos sobre el procedimiento utilizado, sus posibles implicancias penales y el papel de las autoridades del Senado frente a los antecedentes.
La controversia surgió durante la negociación del Presupuesto 2027
De acuerdo con antecedentes recopilados por Radio Bío Bío, el retiro de los permisos ocurrió en medio de las conversaciones por el Presupuesto 2027, particularmente por la autorización de endeudamiento solicitada por el Gobierno, cuya votación estaba prevista para este miércoles.
Los permisos constitucionales tienen relevancia en determinadas votaciones del Congreso, ya que permiten modificar el cálculo del quórum requerido para resolver algunas materias. Su retiro puede alterar la cantidad de votos necesarios para aprobar iniciativas, dependiendo de las condiciones de la votación.
Fuentes consultadas en el Senado sostienen que la maniobra habría buscado dificultar la aprobación del endeudamiento y aumentar la presión sobre el Ejecutivo en las negociaciones presupuestarias, eventualmente condicionando el respaldo a otras partidas de recursos.
Sin embargo, ese supuesto objetivo político forma parte de los antecedentes y sospechas que surgieron en el Congreso, y no constituye una motivación oficialmente acreditada.
Ximena Órdenes denunció que no autorizó el uso de su firma
Uno de los puntos más delicados del caso es el documento utilizado para retirar el permiso constitucional de la senadora Ximena Órdenes.
En una carta dirigida al secretario del Senado, a la que tuvo acceso Radio Bío Bío y que fue leída por el senador Pedro Araya (PPD), la parlamentaria negó haber solicitado el retiro de su autorización o haber facultado a otra persona para actuar en su nombre.
“No he retirado mi solicitud de permiso constitucional, no he suscrito ni remitido documento alguno en ese sentido y tampoco he autorizado a ninguna persona para utilizar mi firma o actuar en mi representación con ese propósito”, afirmó.
Dentro del Senado circulan dos versiones sobre cómo habría sido incorporada la firma al documento. Una apunta a que el escrito habría sido presentado mediante una firma electrónica sin el consentimiento de la senadora. La otra sostiene que la rúbrica habría sido copiada desde otro documento e incorporada posteriormente al texto.
Hasta ahora, ninguna de esas versiones ha sido acreditada judicialmente. La eventual existencia de una irregularidad deberá establecerse mediante los antecedentes documentales y las diligencias que correspondan.
Qué delitos podrían investigarse si se confirma el uso de la firma
La controversia también abrió un debate sobre las posibles consecuencias legales del procedimiento. Senadores con conocimientos jurídicos consultados por Radio Bío Bío plantearon que, si se confirma que una firma fue utilizada sin autorización, los hechos podrían ser analizados bajo figuras relacionadas con falsificación de instrumento público o suplantación de identidad, dependiendo de cómo se realizó el trámite y de los antecedentes que se reúnan.
La diferencia es relevante porque la falta de comunicación o una decisión política tomada sin consultar a los involucrados no necesariamente constituye un delito. En cambio, la eventual manipulación o utilización de una firma sin autorización podría tener consecuencias penales.
Si se presenta una denuncia o los antecedentes son remitidos al Ministerio Público, la investigación podría considerar la participación de quienes elaboraron, firmaron, tramitaron o presentaron el documento. No obstante, será la Fiscalía la que determine si existen elementos para investigar delitos y establecer eventuales responsabilidades.
Castro habló de problemas de comunicación y Espinoza confirmó que no dio su consentimiento
En medio de los cuestionamientos, Juan Luis Castro habría señalado que intentó comunicarse con Ximena Órdenes, pero que tuvo dificultades para establecer contacto. Desde el entorno de la senadora, en tanto, cuestionaron esa explicación y sostuvieron que ella recibió un mensaje después de que la controversia ya se había hecho pública.
En declaraciones a La Segunda, Castro calificó lo sucedido como “hechos circunstanciales en el marco del debate político”. Consultado posteriormente por Radio Bío Bío, declinó referirse al escándalo.
Fidel Espinoza, por su parte, confirmó a La Tercera que el retiro de los permisos se realizó sin la autorización de los parlamentarios involucrados. El senador socialista calificó lo ocurrido como un impasse que pudo haberse evitado, pero destacó que ambos recuperaron su derecho.
“Fue un impase, lamentable, absolutamente, que podía haberse evitado. Pero ya ha sido restituido nuestro derecho a tener nuestro permiso constitucional, que es un derecho ineludible que tienen los parlamentarios, y respecto al cual solamente nosotros podemos dejarlo sin efecto”, sostuvo.
Espinoza también señaló que la situación resultó incómoda debido a que ambos parlamentarios se encuentran participando en la gira presidencial por Vietnam, China y Japón, cuyo objetivo es fortalecer las relaciones comerciales de Chile con esos países.
Rodolfo Carter pidió remitir los antecedentes al Ministerio Público
El senador republicano Rodolfo Carter pidió que el Senado certifique lo ocurrido y entregue los antecedentes a la Fiscalía, al considerar que la situación podría revestir carácter delictivo.
“Lo que acaba de ocurrir, a mi juicio, constituye un delito eventual en el Senado de la República”, afirmó, solicitando que se establezca quién pudo haber cometido una eventual irregularidad.
El parlamentario agregó: “A lo menos ha habido una falsificación de firma de una senadora de la República”, insistiendo en que corresponde al Ministerio Público determinar las responsabilidades.
La presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), reconoció que la autorización del parlamentario es indispensable para retirar un permiso constitucional, independientemente de si el documento se suscribe mediante firma electrónica u otro mecanismo.
“El problema no está en si es firma electrónica o no es firma electrónica. El problema está en que cuando uno ocupa una firma electrónica, esa persona tiene que dar la autorización”, explicó.
Núñez confirmó que los hechos quedaron certificados durante la mañana y que la mesa del Senado está evaluando la posibilidad de remitir los antecedentes a la Fiscalía, aunque todavía no se ha adoptado una decisión.
“Sí, efectivamente se evalúa y es lo que nos corresponde ahora hacer”, señaló.
La demora en resolver el envío de los antecedentes también ha generado inquietud entre parlamentarios, quienes habrían transmitido sus reparos a la presidenta del Senado y al senador Iván Moreira, planteando la necesidad de definir el procedimiento a seguir.
Según fuentes consultadas, se esperaba una decisión de la mesa o de la Secretaría del Senado durante la jornada del miércoles o, como plazo máximo, este jueves.
