La diputada Consuelo Veloso reafirmó su compromiso con la fiscalización de los recursos públicos tras la detención de 10 personas en el marco de la denominada Operación Castillo de Naipes, investigación de la Fiscalía del Maule y la PDI que indaga un presunto fraude al Estado por cerca de $2.972 millones.
La parlamentaria recordó una fiscalización que realizó en Colbún, donde solicitó a la Contraloría General de la República revisar un procedimiento relacionado con un pago judicial efectuado por el municipio.
Según los antecedentes de la presentación, el organismo contralor incluyó el caso dentro de su examen de cuentas y posteriormente emitió el Informe Final N° 231/2026, que detectó observaciones relacionadas con tres facturas de la Constructora Pereira e Hijos Limitada, por un total de $114.835.000.
Contraloría detectó facturas sin órdenes de compra
De acuerdo con el informe citado por la diputada, las facturas N° 802, 809 y 810 no contaban con órdenes de compra asociadas. Además, Contraloría estableció que el municipio no había recibido las prestaciones consignadas en dichos documentos.
El organismo contralor precisó que el desembolso correspondió a una consignación judicial ordenada por el Segundo Juzgado de Letras de Linares, cuyos fondos quedaron sujetos a una medida de retención cautelar.
A partir de los antecedentes, Contraloría anunció la apertura de un procedimiento disciplinario para determinar eventuales responsabilidades administrativas y dispuso la remisión de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado (CDE).
Veloso pide esclarecer responsabilidades
Tras conocerse las nuevas detenciones, Veloso sostuvo que la investigación debe avanzar hasta determinar la eventual participación de todas las personas involucradas.
“Nunca más un peso de la gente del Maule al bolsillo de un corrupto”, afirmó la parlamentaria.
La diputada también valoró el trabajo desarrollado por la PDI y el Ministerio Público y señaló que continuará fiscalizando el uso de los recursos municipales y regionales.
Su presentación ante Contraloría fue realizada el 13 de enero de 2026, mientras que la respuesta del organismo fiscalizador fue emitida el 28 de septiembre, pocos días antes de las detenciones concretadas en el marco de la Operación Castillo de Naipes.
La investigación actualmente alcanza a funcionarios públicos y particulares vinculados al Gobierno Regional del Maule y a las municipalidades de Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier. La Fiscalía atribuye a la organización investigada distintos delitos, entre ellos fraude al Fisco, cohecho, soborno, estafas, falsificación y lavado de activos.
Veloso sostuvo que el proceso debe permitir establecer las responsabilidades que correspondan, incluyendo las de personas que ya no se encuentren desempeñando funciones en los municipios involucrados.
