La Contraloría General de la República detectó que 315 funcionarios y servidores públicos registran condenas vigentes mientras se desempeñan en distintas reparticiones del Estado, situación que podría contravenir las normas que regulan el ingreso y permanencia en la administración pública.
Los antecedentes forman parte del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 29, elaborado a partir del cruce de información del Registro Nacional de Condenas del Servicio de Registro Civil e Identificación, el Servicio Electoral (Servel) y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado (SIAPER).
El análisis identificó 317 registros de condena asociados a 315 personas. De acuerdo con el desglose, 166 funcionarios cumplen labores en el gobierno central y otros 149 en el gobierno local.
La situación adquiere relevancia debido a que la Ley N.º 18.575 establece restricciones para desempeñarse en la administración del Estado a quienes hayan sido condenados por crimen o simple delito.
Carabineros concentra la mayor cantidad de funcionarios condenados
Entre las instituciones que registran más personas condenadas que continúan trabajando en el Estado, Carabineros encabeza la lista con 84 funcionarios.
Le siguen el Ejército, con 22 casos, y la Armada, con ocho. En tanto, la Municipalidad de Valdivia registra seis funcionarios en esta situación y la Fuerza Aérea otros cinco.
También aparecen las municipalidades de Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán y Puerto Montt, cada una con cuatro funcionarios identificados. La Municipalidad de Tocopilla, por su parte, registra tres casos.
Más de 240 condenas corresponden a simples delitos
El informe de Contraloría también desglosa los antecedentes según la gravedad de las condenas. De los 317 registros identificados, 73 corresponden a crímenes y 244 a simples delitos.
Además, el organismo advirtió que dos de los 315 funcionarios registran más de una condena.
El documento también identificó 41 condenas relacionadas con delitos contemplados en el Título V del Libro II del Código Penal, referido a crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos.
“41 condenas corresponden a delitos contemplados en el Título V, del Libro II, del Código Penal, de los crímenes y simples delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus cargos, representando un 13% del universo”, precisa el consolidado.
Contraloría ordena investigaciones y evaluar inhabilidades
Frente a los antecedentes detectados, la Contraloría instruyó a las reparticiones involucradas iniciar investigaciones para determinar eventuales responsabilidades administrativas, especialmente ante una posible omisión de informar las condenas al jefe del servicio correspondiente.
Asimismo, ordenó comenzar los procedimientos para aplicar la denominada inhabilidad sobreviniente, que corresponde a una circunstancia que aparece después del ingreso de una persona a la administración pública y que puede impedirle continuar ejerciendo un cargo estatal.
Las instituciones también deberán informar si las condenas fueron evaluadas y consideradas oportunamente en los procesos de calificaciones, conforme a los criterios de comportamiento social y probidad funcionaria.
De esta manera, el informe busca que los organismos públicos revisen los casos identificados y determinen las medidas administrativas que correspondan.


