El organismo que reemplazó al antiguo Servicio Nacional de Menores (Sename) nació con la promesa de superar las deficiencias estructurales del sistema y garantizar mejores condiciones para los adolescentes y jóvenes bajo su cuidado. Sin embargo, a casi tres años de su puesta en marcha, la violencia continúa marcando el funcionamiento de sus centros y también afecta a quienes trabajan en ellos.
Una investigación de BioBioChile reveló que entre abril de 2024 y agosto de 2026 se registraron 285 denuncias por agresiones verbales y físicas contra funcionarios del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (SRSJ). Los antecedentes incluyen amenazas de muerte, ataques físicos, conductas sexualizadas e incluso episodios con peligro para la vida de los trabajadores.
La Región del Biobío encabeza las cifras nacionales, con 63 denuncias, una situación que dirigentes sindicales relacionan con la falta de personal, la sobrecarga laboral y las dificultades para controlar adecuadamente a los jóvenes al interior de los recintos.
Uno de los testimonios más duros recogidos por la investigación corresponde a Ana, una educadora que trabajó en un centro de La Serena y que describió las condiciones de inseguridad que enfrentaba durante sus jornadas.
“Si están matando a alguien, no podemos hacer nada porque nos exponemos a que las niñas nos hagan cualquier cosa”, relató sobre las instrucciones que recibían ante situaciones de violencia dentro de los módulos.
285 denuncias por agresiones: amenazas de muerte encabezan los registros
Las cifras obtenidas mediante solicitudes de Transparencia muestran que la mayor parte de los episodios corresponde a amenazas serias, con 150 denuncias entre abril de 2024 y agosto de 2026.
A continuación aparecen las agresiones físicas sin peligro vital, con 86 casos; agresiones sin especificar, con 20; resistencia grave y activa, con 13; conductas sexualizadas, con seis; agresiones con peligro de vida, con tres; y agresión sexual, con una denuncia.
Los antecedentes reflejan la diversidad y gravedad de los episodios que deben enfrentar los trabajadores en los centros de reinserción juvenil.
José, un funcionario de Gendarmería con más de seis años de servicio en una Unidad de Internación Provisoria y Régimen Cerrado, aseguró que las agresiones contra los trabajadores son recurrentes y cuestionó la falta de respaldo de las autoridades.
“Para mí, esto fue un cambio de nombre. La unidad sigue funcionando igual o peor que la administración anterior [cuando era Sename]”, sostuvo.
Biobío lidera las agresiones y funcionarios denuncian falta de personal
La situación de la Región del Biobío aparece como uno de los puntos más preocupantes del informe. De las 63 denuncias registradas en el territorio, 23 corresponden a 2025 y otras 40 fueron contabilizadas hasta agosto de 2026.
Alejandro Saavedra, presidente regional de la Asociación Nacional de Funcionarios Regionales del Servicio de Reinserción Juvenil (ANFUR), advirtió que existe una importante sobrecarga laboral.
Según explicó, la Dirección Nacional catalogó a Biobío como una región de dotación mediana, sin considerar adecuadamente que también recibe usuarios provenientes de Ñuble.
Esta situación, afirmó, repercute directamente en el control de los internos, debido a que existen módulos donde solamente uno o dos funcionarios quedan a cargo de los jóvenes.
Desde Coyhaique, Mauricio Yango, dirigente sindical de la Asociación de Funcionarios del Servicio Nacional, también manifestó su preocupación por los episodios de violencia.
“Tenemos conocimiento de intentos de apuñalamiento, intentos de violación o de acoso sexual. Esto fue declarado en sumarios de los últimos años”, aseguró.
El dirigente cuestionó además que las respuestas ante las agresiones muchas veces terminan limitándose a anotaciones en las hojas de vida de los adolescentes o restricciones de actividades, medidas que, a su juicio, no resuelven el problema de fondo.
Amenazas de muerte y trabajadores que terminaron renunciando
Uno de los testimonios más impactantes corresponde a Ana, quien relató que las condiciones laborales comenzaron a deteriorarse progresivamente hasta que decidió abandonar el servicio.
La educadora explicó que, durante su trabajo, descubrió a un grupo de jóvenes manipulando sustancias químicas dentro de los dormitorios. Según su relato, observó líquidos de distintos colores, una pesa y otros elementos, por lo que decidió fotografiar la situación siguiendo la recomendación de una colega.
Sin embargo, las jóvenes descubrieron que había tomado las imágenes y comenzaron a amenazarla de muerte.
La trabajadora aseguró que las amenazas y la falta de respaldo terminaron por llevarla a renunciar. Nunca volvió a desempeñarse en un centro de reinserción juvenil.
También describió las medidas de precaución que debían adoptar durante sus turnos, incluyendo mantener permanentemente sus mochilas preparadas para evacuar rápidamente ante eventuales agresiones.
“Nosotras siempre se nos recalcó mucho que si están matando a alguien, no podemos hacer nada porque nos exponemos a que las niñas nos hagan cualquier cosa”, relató.
La educadora también denunció que existían situaciones en que las propias funcionarias recibían información sobre quién había registrado determinados hechos en las bitácoras, lo que podía desencadenar represalias y agresiones.
Dirigentes denuncian falta de herramientas legales para defender a los funcionarios
Las críticas de los trabajadores también apuntan a las herramientas legales disponibles para enfrentar las agresiones.
Daniel Barros, abogado y presidente de la Asociación de Funcionarios del Servicio de Reinserción Social Juvenil (AFUSE), sostuvo que los funcionarios no cuentan con mecanismos suficientes de protección y defensa institucional.
Según explicó, la Ley Karin no protege a los trabajadores de los centros de reinserción frente a agresiones cometidas por adolescentes internos, por lo que no puede aplicarse de la misma manera que ante situaciones de violencia laboral entre trabajadores.
Además, afirmó que el Servicio tampoco tiene facultades legales para presentar querellas en representación de los funcionarios agredidos.
Esto significa que cuando un trabajador recibe golpes o amenazas, la institución no puede proporcionar abogados para perseguir penalmente al adolescente involucrado.
Por su parte, Alejandro Saavedra cuestionó que las agresiones no tengan consecuencias suficientemente efectivas.
“Las agresiones de parte de los jóvenes hacia los tutores no tienen sanciones, esto debido a que la impunidad en la que actúan los usuarios les permite ir ‘corriendo el cerco’. Comenzamos con agresiones verbales que evolucionaron a agresiones físicas”, afirmó.
Dirección nacional reconoce dificultades y apunta a herencia del Sename
Frente a las denuncias, la directora nacional del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, Rocío Faúndez, reconoció que trabajar en centros privativos de libertad implica condiciones exigentes y riesgos importantes.
La autoridad sostuvo que el Estado tiene la obligación de proteger a quienes cumplen funciones en estos establecimientos, pero también pidió considerar las deficiencias estructurales heredadas del antiguo Sename.
“Partimos en diciembre de 2023 con 19 personas y hoy somos más de 2.800, con una dotación autorizada un tercio mayor que la que tenía el Sename, con foco en los centros y las regiones”, explicó.
Faúndez aseguró que se han realizado capacitaciones y que existen inversiones en infraestructura y sistemas de vigilancia para mejorar las condiciones de los recintos.
Según detalló, en el centro de Coronel se han invertido cerca de $600 millones durante el último año, junto con la habilitación de una Unidad de Separación y la renovación del circuito de cámaras.
Además, señaló que existe un trabajo coordinado con el Ministerio de Justicia y Gendarmería para intervenir los centros considerados prioritarios, incorporando mayores controles de acceso, custodia perimetral, escáneres corporales y registros de visitas.
La directora también explicó que, cuando ocurre una agresión que constituye delito, se activa una comisión técnica entre el Servicio y Gendarmería para determinar las medidas correspondientes. Estas pueden incluir la separación del joven del grupo, su traslado a otro centro o el inicio de un nuevo proceso penal.
Servicio asegura que existen canales para denunciar sin represalias
Respecto de las acusaciones sobre posibles represalias contra funcionarios que denuncian irregularidades, Faúndez sostuvo que existen mecanismos para informar situaciones sin necesidad de recurrir directamente a las jefaturas.
Entre ellos mencionó los canales de Gestión de Personas, los procedimientos de la Ley Karin cuando corresponda, las denuncias ante el Ministerio Público con reserva de identidad y la plataforma Denuncia Seguro.
“En ningún caso, una denuncia debe tener represalias, por lo mismo el llamado que siempre hacemos como Servicio es a denunciar, los canales son seguros para que lo hagan con tranquilidad”, afirmó.
La autoridad agregó que los centros reciben supervisiones de las direcciones regionales y nacionales, además de visitas de las Comisiones Interinstitucionales de Supervisión de Centros, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y la Defensoría de la Niñez.
Pese a las medidas anunciadas por la dirección nacional, las 285 denuncias registradas y los testimonios de los trabajadores muestran que persisten importantes desafíos en materia de seguridad y protección laboral.
La investigación deja en evidencia una compleja contradicción: mientras el Estado busca garantizar la reinserción social de adolescentes que han infringido la ley y resguardar sus derechos, los funcionarios encargados de esa tarea denuncian trabajar bajo amenazas, agresiones y condiciones que, según sus propios relatos, pueden poner en riesgo su integridad física.


