Diez personas fueron detenidas durante la madrugada de este lunes en el marco de una investigación encabezada por la Fiscalía Regional del Maule y ejecutada junto a la Policía de Investigaciones (PDI), que indaga una presunta organización criminal dedicada a defraudar al Estado mediante operaciones que involucrarían a funcionarios públicos y particulares.
La investigación, denominada “Operación Castillo de Naipes”, alcanza al Gobierno Regional del Maule y a las municipalidades de Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier. De acuerdo con los antecedentes entregados por el Ministerio Público y la PDI, entre los detenidos se encuentran siete funcionarios públicos y tres particulares vinculados al ámbito empresarial.
La indagatoria comenzó en octubre de 2024 y contempla distintas líneas relacionadas con presuntos delitos de fraude al Fisco, cohecho, soborno, estafas a empresas de factoring, falsificación mercantil, delitos tributarios y lavado de activos.
Según el fiscal regional del Maule, Rodrigo Peña, la defraudación investigada alcanzaría aproximadamente los $2.972 millones, mientras que otros $316 millones estarían asociados a sobornos y delitos relacionados.
“Se ha pesquisado hasta el momento que la defraudación ascendería a un monto cercano a los 3.000 millones de pesos y por concepto de soborno y delitos relacionados habría al menos 316 millones de pesos”, explicó Peña.
Investigación alcanza al Maule Sur
Uno de los elementos que dimensiona la investigación es su alcance territorial. Los antecedentes conocidos involucran a cuatro municipios del Maule Sur: Colbún, Longaví, Villa Alegre y San Javier, además del Gobierno Regional.
De acuerdo con la investigación, los funcionarios públicos habrían actuado en coordinación con una empresa constructora privada, en una trama que incluye operaciones vinculadas a facturas y otros mecanismos que son actualmente investigados por el Ministerio Público.
La causa se encuentra radicada en la Fiscalía Local de San Javier y es desarrollada junto a la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Linares.
El operativo permitió concretar 10 detenciones a partir de órdenes judiciales. El prefecto regional de la PDI, Luis Salazar, informó que además se realizaron diligencias de entrada y registro en distintos domicilios, con la participación de más de 70 detectives.
Fiscalía solicitará prisión preventiva
El fiscal regional Rodrigo Peña confirmó que el Ministerio Público solicitará la prisión preventiva para los 10 imputados, debido a la gravedad de los delitos investigados.
“Esta investigación tiene bastantes aristas con varios ilícitos a perseguir”, señaló el persecutor, quien además sostuvo que la Fiscalía continuará trabajando para determinar la participación y eventuales responsabilidades de las personas involucradas.
Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de San Javier, donde este lunes se desarrolla la audiencia de control de detención y formalización. En esa instancia, el Ministerio Público expondrá los cargos y los antecedentes reunidos durante la investigación.
GORE Maule asegura que denunció los hechos
El Gobierno Regional del Maule señaló que los hechos investigados se originaron durante 2024, antes del inicio de la actual administración regional.
A través de una declaración pública, el organismo precisó que entre las personas vinculadas a la investigación existen un funcionario y un exfuncionario de carrera del GORE.
“Los antecedentes investigados corresponden a hechos originados en el año 2024, es decir con anterioridad al inicio de la actual administración regional”, señaló el Gobierno Regional.
La institución aseguró que, una vez que tomó conocimiento de los antecedentes, adoptó medidas administrativas y judiciales. En el ámbito administrativo, se instruyó un sumario, que mantiene a uno de los funcionarios suspendido, mientras que el otro presentó su renuncia.
“Desde el momento en que esta administración tomó conocimiento de los antecedentes, de inmediato se adoptaron las medidas administrativas y judiciales correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos, determinar eventuales responsabilidades y resguardar los recursos públicos”, indicó el GORE.
En paralelo, el organismo informó que el 7 de abril de 2025 presentó una denuncia ante el Ministerio Público y que posteriormente, el 17 de abril de 2026, interpuso una querella criminal contra la empresa constructora, su representante legal y todos quienes resulten responsables.
El GORE agregó que ha puesto a disposición de la Fiscalía, la PDI y los demás organismos competentes todos los antecedentes requeridos para el desarrollo de la investigación.
“Como Gobierno Regional queremos ser enfáticos: estos hechos se originaron con anterioridad a la actual administración y, una vez que se tomó conocimiento de los antecedentes, se actuó adoptando las acciones administrativas y judiciales correspondientes”, sostuvo la institución.
Finalmente, el organismo manifestó su disposición a continuar colaborando con la investigación y afirmó que su objetivo es contribuir al esclarecimiento de los hechos y proteger los recursos públicos.
“Nuestro compromiso es contribuir al total esclarecimiento de los hechos, facilitar la determinación de las responsabilidades que correspondan y, especialmente, resguardar y defender los recursos públicos que pertenecen a todos los habitantes de la Región del Maule”, concluyó el Gobierno Regional.
