Caso Rabat, funcionarios condenados y recortes: las controversias que golpean al Gobierno de Kast

El Gobierno de Kast enfrenta cuestionamientos por el caso Rabat, funcionarios públicos condenados, decisiones ambientales y el Presupuesto 2027.

Nacionales

El Gobierno de José Antonio Kast llegó a La Moneda con una promesa política que buscaba instalar una nueva etapa en Chile: recuperar el orden, fortalecer la seguridad, combatir la delincuencia, reducir el gasto público y devolver la confianza en las instituciones. Sin embargo, a ocho meses de asumir, su administración enfrenta controversias que han abierto un debate sobre la coherencia entre su discurso y algunas de sus decisiones.

El caso del ministro de Justicia, Fernando Rabat, las rebajas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores, los beneficios concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad, las investigaciones sobre funcionarios públicos con antecedentes penales que continúan trabajando en el Estado y las tensiones por el Presupuesto 2027 configuran un escenario complejo para el Ejecutivo.

A estos episodios se suman las críticas por la revisión de decretos ambientales, las diferencias en política exterior y las decisiones económicas que han provocado conflictos con distintos sectores.

El problema para La Moneda no es solamente la cantidad de controversias acumuladas. Es también la contradicción que algunos de estos episodios plantean frente a las expectativas que el propio Gobierno instaló durante su campaña.

La ciudadanía espera resultados en seguridad, empleo y calidad de los servicios públicos, pero también exige que quienes ejercen responsabilidades estatales respeten las leyes y respondan por sus actuaciones.

Caso Rabat: la controversia que terminó convirtiéndose en una crisis presidencial

Uno de los episodios más delicados de la administración Kast involucra al ministro de Justicia, Fernando Rabat, después de que se conociera la concesión de rebajas de condena a 56 personas sentenciadas por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.

Las decisiones fueron adoptadas mediante decretos administrativos durante los primeros meses del Gobierno y generaron cuestionamientos por la interpretación de la Ley 19.856, que establece mecanismos de reducción de condenas para personas privadas de libertad que mantienen un comportamiento sobresaliente.

El conflicto jurídico se relaciona con las modificaciones introducidas por la Ley 21.421, publicada en 2022, que excluyó de determinados beneficios a condenados por delitos sexuales contra menores.

Rabat defendió su actuación argumentando que las restricciones no podían aplicarse retroactivamente a delitos cometidos antes de la entrada en vigor de la reforma. Según su interpretación, existían pronunciamientos judiciales que respaldaban la aplicación del beneficio en determinados casos.

Sin embargo, la oposición cuestionó que esos antecedentes judiciales obligaran al Ministerio a conceder todas las reducciones y sostuvo que la cartera tenía atribuciones para examinar individualmente los expedientes.

La controversia adquirió mayor gravedad cuando se conoció que entre los beneficiados también figuraban tres condenados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Augusto Pinochet.

En este último grupo, el debate no solamente involucra la legislación penitenciaria chilena, sino también las obligaciones internacionales del Estado en materia de verdad, justicia, reparación y garantías para las víctimas.

La investigación de CIPER que cuestionó el criterio aplicado por Justicia

El caso sumó un nuevo antecedente el 12 de noviembre, cuando CIPER publicó una investigación que identificó 22 situaciones en las que el Ministerio de Justicia había rechazado reducciones de condena previamente reconocidas por las respectivas comisiones.

El reportaje abrió interrogantes sobre la consistencia del criterio utilizado por Rabat. Si la cartera consideraba que estaba jurídicamente obligada a conceder determinados beneficios, ¿por qué en otros expedientes había ejercido una facultad de revisión y rechazo?

Esta diferencia constituye uno de los elementos más importantes del debate, porque desplaza la discusión desde la interpretación general de una ley hacia la forma en que el Ministerio aplicó sus atribuciones en casos concretos.

El Presidente José Antonio Kast reconoció el 26 de octubre que la situación relacionada con las rebajas a condenados por delitos sexuales contra menores había sido un error del Ejecutivo. Pese a ello, mantuvo su respaldo al ministro.

La decisión presidencial terminó trasladando el problema desde el ámbito jurídico hacia la responsabilidad política de La Moneda.

La acusación constitucional contra Fernando Rabat

El 12 de noviembre, parlamentarios de oposición ingresaron una acusación constitucional contra el secretario de Estado.

El libelo contiene tres capítulos. El primero cuestiona las rebajas concedidas a condenados por delitos sexuales contra menores; el segundo aborda los beneficios otorgados a exagentes condenados por crímenes de lesa humanidad; y el tercero cuestiona la información que Rabat entregó al Congreso durante las sesiones en que debió explicar sus decisiones.

Se trata de acusaciones que todavía deben ser examinadas por el Congreso y cuya presentación no equivale a una declaración de culpabilidad.

La controversia también provocó diferencias dentro del oficialismo, donde algunos parlamentarios han expresado reparos frente a la permanencia del ministro.

El problema político para Kast es evidente: mantener a Rabat supone defender la interpretación jurídica de su administración, pero también asumir el costo de una controversia que afecta directamente a una de las instituciones encargadas de garantizar el cumplimiento de la ley.

315 funcionarios condenados siguen trabajando en el Estado: Carabineros concentra 84 casos

Mientras el Gobierno enfrenta cuestionamientos por las decisiones de su Ministerio de Justicia, otro antecedente puso bajo observación el funcionamiento de la administración pública.

Una nota publicada por Diario Sur Noticias el 17 de noviembre informó sobre los resultados del Consolidado de Información Circularizada (CIC) N.º 29 de la Contraloría General de la República, que identificó a 315 funcionarios y servidores públicos asociados a 317 registros de condenas vigentes que continuaban desempeñándose en distintas instituciones estatales.

El hallazgo fue obtenido mediante el cruce de información del Registro Nacional de Condenas, el Servicio Electoral y el Sistema de Información y Control del Personal de la Administración del Estado.

Del total de personas identificadas, 166 pertenecían al Gobierno central y 149 a gobiernos locales.

El dato más significativo aparece en la distribución institucional: Carabineros de Chile concentra 84 funcionarios, seguido por el Ejército con 22, la Armada con ocho y la Fuerza Aérea con cinco.

La situación también alcanza a municipios de distintas regiones. Valdivia registra seis casos, mientras que Hualpén, Tierra Amarilla, Chillán y Puerto Montt presentan cuatro funcionarios cada uno. Tocopilla registra tres.

Para la Región de Ñuble, el antecedente de Chillán resulta particularmente relevante, porque demuestra que el problema detectado por Contraloría también tiene presencia en el ámbito de la administración municipal.

¿Qué tan graves son las condenas detectadas?

El informe identificó 73 registros correspondientes a condenas por crímenes y otros 244 por simples delitos. Además, 41 condenas están relacionadas con delitos cometidos por empleados públicos en el desempeño de sus funciones, contemplados en el Título V del Libro II del Código Penal.

La dimensión del hallazgo adquiere importancia al considerar el artículo 54, letra c), de la Ley 18.575, que establece como requisito para ingresar a la Administración del Estado no haber sido condenado por crimen o simple delito.

La legislación también contempla la denominada inhabilidad sobreviniente. Cuando una persona recibe una condena durante el ejercicio de su cargo, debe informar a su superior jerárquico dentro de diez días y presentar su renuncia, conforme a las disposiciones aplicables.

No obstante, existe una excepción para determinados cargos auxiliares y administrativos cuando se trata de simples delitos que no están comprendidos en los ilícitos cometidos por empleados públicos en el ejercicio de sus funciones.

Por esta razón, los 315 registros requieren una revisión individual antes de determinar las consecuencias administrativas correspondientes.

La Contraloría instruyó a las instituciones involucradas iniciar investigaciones para establecer eventuales responsabilidades, evaluar la aplicación de inhabilidades y revisar si las condenas fueron consideradas en los procesos de calificación funcionaria.

La contradicción entre el discurso de seguridad y el control del propio Estado

Este antecedente plantea una discusión que trasciende las diferencias entre Gobierno y oposición.

Una administración que instala la seguridad y la probidad como prioridades debe demostrar que también es capaz de fiscalizar el funcionamiento de sus propias instituciones.

No basta con aumentar las penas, anunciar medidas contra la delincuencia o exigir mayor control en las calles si los mecanismos internos de supervisión no detectan oportunamente situaciones que pueden comprometer la permanencia de funcionarios en el servicio público.

Los 84 casos de Carabineros y los 22 del Ejército merecen especial atención por tratarse de instituciones vinculadas directamente con la seguridad y la defensa nacional.

Esto no significa que todas las personas identificadas hayan cometido delitos durante el ejercicio de sus funciones ni que todas se encuentren automáticamente inhabilitadas. Pero sí obliga a las instituciones a explicar cómo se produjeron estas situaciones y qué mecanismos de control fallaron.

El desafío inmediato es que las investigaciones ordenadas por Contraloría terminen en decisiones administrativas concretas y debidamente fundamentadas.

Los 43 decretos ambientales retirados: una revisión que se prolonga

Otro frente de controversia se abrió durante marzo, cuando el Ministerio del Medio Ambiente decidió retirar 43 decretos supremos que se encontraban en trámite de toma de razón ante la Contraloría.

El Ejecutivo explicó que necesitaba revisar los instrumentos heredados de la administración anterior para comprobar sus antecedentes técnicos y jurídicos.

La medida fue presentada como un procedimiento administrativo destinado a estudiar los documentos y realizar eventuales ajustes antes de continuar con su tramitación.

Sin embargo, la revisión se extendió durante meses.

El 12 de octubre, Cooperativa informó que solamente cinco de los 43 decretos habían completado su tramitación en Contraloría. Otros tres permanecían bajo evaluación del organismo fiscalizador, mientras que 34 seguían retenidos en el Ministerio del Medio Ambiente.

Entre los instrumentos afectados se encuentran disposiciones relacionadas con normas de emisión, reglamentos técnicos, biodiversidad y áreas protegidas.

Uno de los casos mencionados fue la declaración del pingüino de Humboldt como monumento natural.

La demora genera interrogantes sobre la capacidad del Ejecutivo para compatibilizar su promesa de eficiencia administrativa con la continuidad de procesos regulatorios que pueden tener efectos sobre comunidades, ecosistemas y actividades económicas.

El Gobierno tiene atribuciones para revisar los decretos, pero también debe explicar cuáles son los criterios técnicos que justifican cada modificación y cuándo estarán nuevamente disponibles para completar su tramitación.

Presupuesto 2027: recortes, programas sociales y una derrota legislativa

La discusión presupuestaria se transformó en otro escenario de tensión para el Ejecutivo.

Durante la preparación del Presupuesto 2027, Hacienda planteó una revisión del gasto público que contemplaba descontinuar 142 programas y ajustar los recursos de otros 260.

El argumento del Gobierno apunta a mejorar la eficiencia del gasto y reducir programas que, según sus evaluaciones, no cumplen adecuadamente sus objetivos.

Sin embargo, la magnitud de los ajustes generó preocupación en sectores vinculados con educación, salud y protección social.

La controversia se profundizó durante la tramitación legislativa. El 13 de noviembre, BioBioChile informó que el proyecto había sufrido un revés en la Cámara de Diputadas y Diputados, donde siete partidas fueron rechazadas.

Entre las instituciones afectadas figuraban Aduanas, el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Senapred, el Servicio Agrícola y Ganadero y la Dirección del Trabajo.

También quedaron en discusión recursos para programas como Yo elijo mi PC, el Instituto Nacional de Derechos Humanos y distintos sitios de memoria.

El escenario obligó al Ejecutivo a trasladar sus negociaciones al Senado, donde debía intentar reponer recursos y conseguir los acuerdos necesarios para avanzar con la iniciativa.

El debate presupuestario demuestra que reducir el gasto público no es una operación exclusivamente contable. Detrás de cada partida existen servicios, trabajadores y personas que dependen de prestaciones estatales.

La discusión central debería ser cómo mejorar la eficiencia sin debilitar servicios esenciales ni interrumpir obligaciones que ya fueron establecidas por ley.

La reforma de pensiones y los cuestionamientos al Ministerio de Hacienda

Otro conflicto se produjo por el financiamiento del Fondo Autónomo de Protección Previsional, contemplado en la reforma de pensiones aprobada durante la administración anterior.

La controversia surgió cuando el proyecto de Presupuesto 2027 no contempló inicialmente cerca de US$160 millones destinados al fondo.

Hacienda sostuvo que existían diferencias de interpretación respecto del calendario de los aportes fiscales. Sin embargo, la Contraloría respaldó que el primer aporte correspondía realizarse en 2027.

La discusión generó cuestionamientos políticos porque el Presidente Kast y su sector habían mantenido una posición crítica frente a la reforma previsional durante su tramitación.

El 18 de noviembre, el ministro Jorge Quiroz anunció que el Ejecutivo incorporaría hasta 2,2 millones de UTM para financiar la aplicación de la reforma mediante provisiones del Tesoro Público.

El episodio dejó en evidencia la importancia de que las diferencias políticas respecto de una reforma no terminen afectando el cumplimiento de las obligaciones legales que ya están vigentes.

Para los trabajadores y pensionados, lo relevante no es qué administración impulsó la legislación, sino que los mecanismos establecidos se implementen correctamente.

Política exterior: el retiro del respaldo a Michelle Bachelet y las diferencias internacionales

La administración también tomó decisiones que modificaron la orientación diplomática del país.

Una de ellas fue retirar el respaldo de Chile a la candidatura de la expresidenta Michelle Bachelet para la Secretaría General de Naciones Unidas.

La decisión representó un cambio respecto de la posición del Gobierno anterior y generó críticas sobre la continuidad de la política exterior chilena.

El debate se extendió a la posición del Ejecutivo frente a declaraciones internacionales relacionadas con los derechos de las personas LGTBIQ+ y la interpretación del concepto de género.

Desde el oficialismo, estas decisiones se presentan como parte de una orientación política propia. Desde sectores críticos, se advierte que podrían debilitar compromisos internacionales y la proyección diplomática que Chile había construido en determinadas materias.

La discusión no se limita a las diferencias ideológicas: también involucra la capacidad del país para mantener una estrategia exterior consistente y defender sus intereses en organismos multilaterales.

Combustibles y camioneros: una promesa de orden enfrentada a la presión económica

El Gobierno también tuvo que enfrentar tensiones relacionadas con el precio de los combustibles y las demandas de transportistas.

Las decisiones económicas sobre los mecanismos de estabilización de los precios generaron preocupación por el impacto que los combustibles tienen sobre el transporte de carga, la distribución de productos y el costo de vida.

La tensión llegó a un punto relevante durante noviembre, cuando las negociaciones con los camioneros obligaron al Ejecutivo a revisar medidas relacionadas con el diésel y los precios de los combustibles.

El País informó el 15 de noviembre que el Gobierno había acordado revertir recientes alzas, reducir adicionalmente el precio del diésel y congelar aumentos hasta marzo de 2027.

La situación también abrió un debate sobre la capacidad de La Moneda para sostener sus decisiones económicas cuando enfrenta presiones sectoriales.

El costo de los combustibles no afecta únicamente a quienes conducen vehículos. También influye en el transporte público, la logística, los alimentos y numerosos productos que llegan diariamente a los hogares.

Por ello, cualquier modificación debe evaluarse considerando tanto su impacto fiscal como sus consecuencias sobre las familias y las pequeñas empresas.

La aprobación presidencial y el costo político de las controversias

Los conflictos acumulados también comenzaron a reflejarse en las mediciones de opinión pública.

El 15 de noviembre, El País informó que la encuesta Criteria registraba un 18% de aprobación para José Antonio Kast y un 72% de desaprobación.

La medición representaba una caída de seis puntos porcentuales en la aprobación respecto de la semana anterior.

El mismo sondeo mostró que un 79% de los consultados consideraba que el ministro Rabat debía abandonar su cargo, mientras que un 68% respaldaba la acusación constitucional en su contra.

Estas cifras corresponden a una medición específica y no representan por sí solas la opinión de toda la ciudadanía. Sin embargo, permiten dimensionar el impacto que las controversias han tenido sobre la evaluación pública del Ejecutivo.

La caída de aprobación también coincidió con el conflicto de los transportistas y el creciente pesimismo económico reflejado en la misma encuesta.

El Gobierno enfrenta así un desafío que no se resuelve exclusivamente con cambios de gabinete o explicaciones comunicacionales: necesita demostrar avances verificables en las materias que justificaron sus principales compromisos de campaña.

El problema de fondo: la confianza en las instituciones

Al observar estos episodios en conjunto, aparece un elemento que atraviesa buena parte de las controversias: la confianza en el funcionamiento del Estado.

El caso Rabat abrió una discusión sobre la aplicación de beneficios penitenciarios, la protección de las víctimas y la responsabilidad de las autoridades encargadas de administrar justicia.

El informe de Contraloría sobre los 315 funcionarios condenados puso en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control dentro de las instituciones públicas.

Los decretos ambientales retirados plantearon interrogantes sobre la continuidad de las políticas regulatorias, mientras que la discusión presupuestaria mostró las dificultades de conciliar la reducción del gasto con la protección de programas y obligaciones estatales.

No todos estos episodios tienen la misma naturaleza ni pueden atribuirse exclusivamente a decisiones personales del Presidente. Algunos responden a problemas administrativos heredados, otros a interpretaciones jurídicas y varios continúan en procesos institucionales que todavía no concluyen.

Pero todos tienen un denominador común: exigen explicaciones, transparencia y resultados.

El Gobierno de Kast llegó al poder prometiendo un Estado más eficiente, mayor seguridad y una administración capaz de recuperar la autoridad institucional. Es legítimo que busque modificar políticas heredadas y aplicar su propio programa. Lo que también resulta indispensable es que sus decisiones se ajusten a la legislación vigente y puedan ser sometidas a escrutinio público.

La discusión no debería reducirse a una confrontación entre partidarios y detractores del Presidente. Tampoco corresponde dar por acreditadas responsabilidades que todavía están siendo investigadas o debatidas en el Congreso.

La exigencia debe ser la misma para cualquier administración: las instituciones tienen que funcionar, las leyes deben cumplirse y las autoridades deben responder por sus decisiones.

El próximo examen del Ejecutivo estará marcado por la tramitación del Presupuesto 2027 en el Senado, el procedimiento constitucional contra Fernando Rabat y las investigaciones que Contraloría ordenó iniciar sobre los 315 funcionarios con condenas vigentes. Son tres procesos concretos que permitirán evaluar cómo el Gobierno enfrenta sus responsabilidades institucionales y transforma sus promesas de orden y probidad en actuaciones verificables.

Boris Ulloa
Boris Ulloa
Redactor con más de 9 años de trayectoria en prensa digital, con publicaciones en Yahoo News y Finance. Especializado en actualidad nacional e internacional, crónica regional, investigación y artículos de opinión.

Última Hora