Una familia del sector rural de Aguas Buenas, en Puerto Octay, perdió su única vivienda luego de que fuera subastada judicialmente para cobrar una deuda de 3 millones de pesos con BancoEstado. El remate se concretó el pasado 3 de septiembre y generó cuestionamientos del senador Fidel Espinoza, quien anunció gestiones ante distintas instituciones para esclarecer cómo se desarrolló el procedimiento.
El caso involucra a un hombre que, según los antecedentes expuestos por el parlamentario, atravesó problemas de salud y perdió su fuente laboral, situación que le habría impedido continuar pagando el crédito de consumo.
De acuerdo con la denuncia, el afectado no habría tenido conocimiento oportuno de la demanda judicial. La familia, compuesta por el hombre, su esposa y una hija menor de edad, enfrenta ahora la pérdida de una propiedad ubicada en una zona rural de la Región de Los Lagos.
Senador denuncia remate de una propiedad a un valor muy inferior al estimado
El senador Fidel Espinoza cuestionó las circunstancias en que se realizó la subasta y sostuvo que el inmueble tendría un valor comercial considerablemente superior al monto por el que fue adjudicado.
Según sus declaraciones, el terreno corresponde a aproximadamente media hectárea e incluye una vivienda. Su avalúo comercial, afirmó, superaría los 70 millones de pesos, mientras que la propiedad fue rematada por 11 millones de pesos.
“Una familia muy humilde de Puerto Octay, un padre con su señora esposa, una hija menor de edad, de precarias condiciones socioeconómicas, sin trabajo, que se enfermó hace un par de años, tenía un crédito en el BancoEstado de 3 millones de pesos, y por ese crédito, sin ser nunca notificado en su hogar”, señaló el parlamentario.
Espinoza también cuestionó que el procedimiento judicial pudiera continuar sin que el afectado se enterara oportunamente de la demanda.
En ese contexto, apuntó a la modalidad de notificación utilizada durante el proceso, señalando que se habría informado al deudor a viva voz en dependencias judiciales, pese a que este residía a más de 100 kilómetros del tribunal.
Fidel Espinoza cuestiona actuación de BancoEstado
El parlamentario calificó la situación como “inaceptable” e “incomprensible”, y anunció que reclamará formalmente ante BancoEstado por la actuación de los responsables del proceso de cobranza.
“Se lo remataron en 11 millones de pesos y los quieren dejar en la calle. Nosotros consideramos que esto es inaceptable, incomprensible, que instituciones del Estado, el banco que se dice de todos los chilenos, cometa este tipo de actos”, manifestó.
Además, cuestionó la participación de personas que, según su denuncia, tendrían acceso a información sobre propiedades que serán rematadas y aprovecharían esas oportunidades para adquirir terrenos a precios inferiores a su supuesto valor comercial.
“Eso es simplemente discriminatorio, inaceptable y vergonzoso por parte de los ejecutivos del BancoEstado a quienes les vamos a reclamar formalmente esta situación”, agregó.
Estas acusaciones corresponden a los cuestionamientos formulados por el senador y deberán ser contrastadas con los antecedentes del procedimiento judicial y la versión de las instituciones involucradas.
Ofician a BancoEstado, la CMF y la Corte de Apelaciones
Frente a la gravedad de los antecedentes, Espinoza confirmó el envío de oficios a la Presidencia de BancoEstado, con el objetivo de obtener un informe detallado sobre los protocolos de cobranza judicial utilizados por los estudios jurídicos externos que representan a la entidad.
La solicitud también busca esclarecer qué criterios de proporcionalidad se aplican cuando se ejecutan embargos y remates de viviendas familiares por deudas de consumo.
Paralelamente, se confirmó el envío de antecedentes a la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), para poner en conocimiento las prácticas de ejecución sobre bienes raíces pertenecientes a pequeños deudores de sectores rurales.
Otra presentación será dirigida a la Corte de Apelaciones de Valdivia, con el propósito de solicitar que el tribunal revise las actuaciones de ministros de fe en Osorno, particularmente respecto de las diligencias de notificación realizadas en dependencias judiciales.
