El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 presentado por el Gobierno dejó sin financiamiento explícito a las Becas de Acceso a Tecnología, Información y Comunicaciones (TIC) de Junaeb, política que tiene sus orígenes en el programa “Yo elijo mi PC”, vigente desde 2009.
La decisión fue confirmada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien explicó que el Ejecutivo evaluó más de 600 programas públicos antes de elaborar la propuesta presupuestaria. De aprobarse el proyecto en sus actuales términos, durante 2027 no se realizaría una nueva entrega de computadores mediante este beneficio.
El programa benefició durante 2026 a 96.100 estudiantes y contó con cerca de $35 mil millones de presupuesto. Actualmente, las Becas TIC contemplan la entrega de notebooks a estudiantes de séptimo básico de establecimientos públicos y a alumnos focalizados de colegios particulares subvencionados.
Gobierno atribuye decisión a problemas de evaluación
En entrevista con Radio Infinita, Quiroz sostuvo que el Ejecutivo realizó una revisión de cientos de programas estatales y que algunos presentaban problemas de cobertura o implementación.
“Uno va evaluando programas, aquí se han evaluado más de 600 programas”, señaló el ministro. Consultado específicamente por “Yo elijo mi PC”, reconoció que no recordaba el detalle del caso, aunque afirmó que “de seguro tenía hallazgos”.
Posteriormente, el subsecretario del Interior, Máximo Pavez, entregó mayores antecedentes sobre los argumentos utilizados por el Ejecutivo para retirar el financiamiento.
“El programa de Becas TIC ha estado en evaluación hace mucho tiempo, ha estado mal evaluado y se ha verificado que no presenta un efecto relevante en el aprendizaje y ha tenido problemas de implementación”, sostuvo Pavez.
La autoridad agregó que aquellos programas que no hayan demostrado efectividad deben ser revisados y aseguró que los recursos serán destinados a otras prioridades educacionales.
Antecedentes de Contraloría
Entre los argumentos mencionados por el Gobierno figura un informe de la Contraloría General de la República conocido en 2024, que detectó problemas relacionados con la entrega de computadores adquiridos por Junaeb.
Pavez señaló que, desde 2015 en adelante, hubo casi 9.000 computadores que no fueron entregados, antecedente que utilizó para respaldar la necesidad de revisar el programa.
La cifra corresponde a uno de los cuestionamientos formulados respecto de la implementación y gestión del beneficio, y no significa que la totalidad de los computadores entregados durante los años de funcionamiento del programa haya presentado problemas.
Críticas desde distintos sectores políticos
La decisión generó cuestionamientos desde sectores políticos que consideran que la eliminación del financiamiento afectaría el acceso a herramientas tecnológicas de estudiantes vulnerables.
El diputado Héctor Barría advirtió que, si el programa no es repuesto durante la discusión presupuestaria, su sector podría adoptar una posición de rechazo respecto de determinadas partidas.
Desde la UDI, el diputado Sergio Bobadilla sostuvo que, pese a la situación económica del país, el ajuste no debería afectar programas que, a su juicio, han tenido resultados positivos en materia educacional.
Su par Ricardo Neumann también cuestionó la medida y anunció que buscarán modificarla durante la tramitación del Presupuesto.
Desde la oposición, la diputada Daniela Serrano (PC) criticó la decisión y sostuvo que el programa permitió que miles de estudiantes accedieran por primera vez a un computador.
En contraste, el diputado Agustín Romero (Partido Republicano) respaldó la revisión de programas estatales y planteó que aquellos que no cumplan con sus objetivos no deberían continuar recibiendo recursos.
Las distintas posiciones reflejan que la continuidad de las Becas TIC será parte de la discusión que deberá enfrentar el proyecto de Presupuesto 2027 en el Congreso.
Presupuesto 2027 también contempla reducción de horas docentes
En paralelo, el ministro Jorge Quiroz se refirió a otro de los puntos cuestionados del proyecto de Presupuesto: la reducción de aproximadamente 3,6% de las horas docentes autorizadas en distintos Servicios Locales de Educación Pública (SLEP).
El titular de Hacienda reconoció que la medida podría generar desvinculaciones, aunque sostuvo que estas obedecen a una reorganización de las horas disponibles y no directamente al término de beneficios sociales.
“Probablemente tengan que haber desvinculaciones, pero esas desvinculaciones no tienen nada que ver con no entregar el beneficio social”, afirmó.
Quiroz agregó: “No confundamos el derecho a educar con la obligación de emplear”, al defender la necesidad de distinguir entre el derecho a la educación y las decisiones administrativas sobre dotación docente.
