La Policía de Investigaciones (PDI) realizó durante la tarde de este viernes un allanamiento en dependencias de la Municipalidad de Llay Llay, en la región de Valparaíso, en el marco de una investigación por un eventual fraude al fisco y otros delitos asociados a presuntas irregularidades en procesos de contratación municipal.
El procedimiento tuvo como objetivo recopilar antecedentes relacionados con las actuaciones que están siendo investigadas por el Ministerio Público. Hasta el momento, se trata de una investigación en curso y no existe una resolución judicial que establezca responsabilidad penal de las personas mencionadas en la denuncia.
Investigación se inició tras una querella contra la administración municipal
De acuerdo con lo informado por Radio Bío Bío, las diligencias se originaron a partir de una querella presentada por la concejala Solange Pizarro, acción judicial que denuncia siete eventuales delitos.
Entre las figuras penales mencionadas en la querella se encuentran cohecho, soborno y fraude al fisco, además de otros ilícitos que deberán ser determinados durante el avance de la investigación.
La acción apunta, entre otras personas, a la exdirectora de Finanzas del municipio, Jasna Elkins, quien fue destituida de su cargo, y al alcalde de Llay Llay, Edgardo González.
La presentación judicial sostiene que podrían existir irregularidades relacionadas con la forma en que el municipio adjudicó determinados contratos mediante licitaciones y tratos directos.
Fiscalía indaga adjudicación reiterada de contratos
Uno de los aspectos que se busca esclarecer es la eventual existencia de irregularidades en la adjudicación reiterada de procesos de contratación municipal.
Según los antecedentes difundidos, estos procedimientos habrían favorecido a Servicios y Construcciones IBAMAT Ltda., empresa que habría participado en unión temporal con Ingeniería y Desarrollos Constructivos Ltda.
La investigación también busca establecer si existieron eventuales vínculos familiares entre integrantes de esas empresas y funcionarios municipales, aspecto que deberá ser acreditado mediante las diligencias correspondientes.
La sola existencia de vínculos familiares, en todo caso, no constituye por sí misma un delito. Para determinar eventuales responsabilidades será necesario establecer si se infringieron las normas aplicables a las contrataciones públicas, si existieron conflictos de interés o si se produjeron conductas que puedan configurar alguno de los delitos denunciados.
Detectives recopilaron antecedentes en dependencias municipales
Durante el operativo, funcionarios de la PDI realizaron diligencias destinadas a obtener documentación y otros antecedentes relacionados con los procesos de contratación cuestionados.
Este tipo de diligencias busca aportar elementos a la investigación penal y permitir que el Ministerio Público determine si existen antecedentes suficientes para avanzar hacia eventuales formalizaciones u otras actuaciones judiciales.
El allanamiento, por sí solo, no implica que las personas investigadas sean responsables de los delitos denunciados. Esa determinación corresponde a los tribunales, en caso de que el Ministerio Público presente cargos y la causa avance hasta esa instancia.
Alcalde Edgardo González no fue detenido
Pese a las primeras informaciones que circularon respecto del procedimiento policial, el alcalde Edgardo González no fue detenido durante el operativo realizado en el municipio.
La diligencia se concentró en la recopilación de antecedentes vinculados con la investigación, mientras el caso continúa bajo la dirección del Ministerio Público.
A partir de ahora, el avance de la causa dependerá de los antecedentes obtenidos durante las diligencias y de las decisiones que adopte la Fiscalía. Entre los puntos que deberán esclarecerse están la legalidad de las contrataciones cuestionadas, los eventuales vínculos entre proveedores y funcionarios y si las actuaciones denunciadas pueden constituir alguno de los delitos señalados en la querella.
