Una controversia política se instaló en torno a las 56 rebajas de condenas concedidas durante el Gobierno de José Antonio Kast a personas condenadas por delitos sexuales contra menores de edad. Esta vez, los cuestionamientos también surgieron desde una figura que respaldó electoralmente al actual mandatario: la exministra Karla Rubilar.
En conversación con el programa El Despertador, de Radio La Metro, Rubilar manifestó su desacuerdo con la manera en que el Ejecutivo enfrentó las solicitudes de reducción de penas y planteó que se pudo haber adoptado una postura distinta frente a la gravedad de los delitos involucrados.
La intervención de la exautoridad abrió un nuevo flanco de discusión para La Moneda, al poner en debate tanto los fundamentos jurídicos de las decisiones como la respuesta política del Gobierno.
Karla Rubilar cuestiona las decisiones del Ejecutivo
Rubilar reconoció haber votado por Kast, pero señaló que esperaba una posición diferente de su administración frente a los beneficios concedidos a condenados por delitos sexuales contra niños, niñas y adolescentes.
A su juicio, el Gobierno debió examinar con mayor claridad las alternativas jurídicas disponibles y considerar que fueran los tribunales los que resolvieran las controversias que pudieran surgir sobre la aplicación de la normativa.
Su planteamiento apunta a la diferencia entre cumplir un procedimiento administrativo y determinar cuál es la interpretación jurídica que corresponde aplicar en cada caso.
La exministra también expresó su rechazo a la concesión de beneficios a responsables de delitos que considera de extrema gravedad, cuestionando la forma en que el Ejecutivo justificó las decisiones.
Las 56 rebajas de condenas que desataron la polémica
La controversia se originó tras una investigación publicada por Interferencia, que reveló que entre marzo y septiembre de 2026 el Ministerio de Justicia emitió 56 decretos de reducción de penas para personas condenadas por delitos sexuales contra menores.
Según los antecedentes citados, 27 de los casos corresponden a condenas por abuso sexual y otros 29 a delitos de violación.
Las rebajas se tramitaron mediante el procedimiento administrativo contemplado en la legislación, que considera evaluaciones previas y la resolución del Ministerio de Justicia.
El Gobierno ha defendido las medidas señalando que se ajustan a la ley y a los criterios establecidos por la Corte Suprema respecto de delitos cometidos antes de la reforma legal de 2022, que excluyó determinados delitos sexuales contra menores de estos beneficios.
El punto de discusión es el margen de decisión que tenía el Ministerio para resolver las solicitudes y la interpretación de las normas aplicables a cada caso.
El debate jurídico y político por los beneficios
Las críticas de Rubilar ponen sobre la mesa una discusión que involucra distintos aspectos: la aplicación de la legislación, el alcance de las facultades administrativas y la posibilidad de que los tribunales resuelvan controversias sobre la interpretación de las normas.
Mientras el Ejecutivo sostiene que actuó conforme al marco legal, sus cuestionamientos apuntan a si existían otras alternativas jurídicas y cómo debieron abordarse las solicitudes.
La controversia también ha puesto atención en la explicación pública de las decisiones, debido a la sensibilidad de los delitos involucrados y a las consecuencias que estas medidas pueden tener para las víctimas y sus familias.
