El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por presunto fraude al fisco en el denominado caso Junaeb, investigación que indaga posibles irregularidades en contratos del Programa de Alimentación Escolar. La acción judicial fue dirigida contra quienes resulten responsables, sin individualizar a los políticos que aparecen vinculados a la causa.
Según antecedentes conocidos por Radio Bío Bío, la investigación apunta a pagos efectuados a la empresa Soser por servicios que presuntamente no se habrían prestado. El CDE cuestiona desembolsos superiores a $14 mil millones por onces escolares que no se habrían entregado, además de modificaciones contractuales que habrían favorecido a determinados proveedores.
La ausencia de nombres específicos en la querella abrió interrogantes sobre el alcance de la acción judicial. Sin embargo, especialistas en derecho penal señalaron que esta circunstancia no impide que el Ministerio Público investigue a personas determinadas ni que formule imputaciones si los antecedentes lo justifican.
Los políticos vinculados a la investigación del caso Junaeb
Entre las personas mencionadas en la investigación figuran los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto, el exdiputado Hugo Gutiérrez y el abogado y lobista Darío Calderón, conocido como el “Conde Negro”.
No obstante, sus nombres no aparecen individualizados como querellados en la acción presentada por el CDE. Esta situación no significa que estén exentos de una eventual persecución penal, ya que las responsabilidades deberán establecerse a partir de los antecedentes reunidos durante la investigación.
El académico de Derecho de la Universidad Diego Portales, Cristián Riego, explicó que la decisión del Consejo de no señalar personas específicas no limita las facultades investigativas de la Fiscalía.
“El Consejo de Defensa del Estado tiene la facultad solo de un querellante que, como quien dice, es la de ayudar al fiscal. Por lo tanto, más allá de lo que diga el Consejo o no diga, el fiscal puede tomar las medidas que correspondan, imputar a quien le parezca”, sostuvo.
La querella también permite al organismo participar activamente en la causa y solicitar diligencias destinadas a esclarecer el eventual perjuicio provocado a las arcas fiscales. Entre los posibles delitos que se busca investigar figuran el soborno y el cohecho.
CDE podría ampliar la querella si aparecen nuevos antecedentes
El abogado y académico de la Universidad Central, Cristóbal Contardi, indicó que el alcance de la acción judicial podría cambiar a medida que avance la investigación y se conozcan nuevos elementos.
“Según se vaya desarrollando la investigación por parte del ente persecutor, esto podría eventualmente cambiar en el futuro. Es más, el propio Consejo de Defensa del Estado puede el día de mañana ampliar la querella deducida”, explicó.
De esta manera, la presentación inicial no necesariamente establece el límite de las personas que podrían quedar comprendidas en futuras acciones judiciales, si los antecedentes permiten determinar eventuales responsabilidades.
Entre las diligencias de la causa se encuentra el análisis de dispositivos electrónicos incautados a algunos investigados. En este ámbito, la Corte de Apelaciones de Santiago estableció límites para revisar comunicaciones privadas que no tengan relación con los hechos indagados, sin impedir el examen de información pertinente para esclarecer el caso.
Más de $14 mil millones bajo investigación
El docente de Derecho de la Universidad del Desarrollo, Diego Muñoz, destacó que la acción del CDE busca esclarecer los montos involucrados y determinar si existen recursos públicos que puedan ser recuperados.
El académico también advirtió sobre las posibles consecuencias penales de una eventual condena por fraude al fisco, aunque las sanciones dependerán de los delitos que finalmente se acrediten y de las circunstancias que establezcan los tribunales.
“Estamos hablando de cerca de 14.000 millones de pesos que, según los informes de Contraloría, no se habrían integrado. Pero eso convierte al caso en un fraude al fisco agravado. Obviamente, las sanciones en su caso estamos hablando de penas que parten de 5 años y un día a 10 años”, señaló.
Por ahora, no existen responsabilidades penales establecidas en esta causa. La investigación deberá determinar el destino de los recursos cuestionados, si hubo servicios que se pagaron sin ser ejecutados y qué participación pudieron tener las personas involucradas.
