El ministro de Defensa, Fernando Barros, abordó la controversia generada por el ingreso de niños haitianos a Chile en el marco del programa de Reunificación Familiar, asegurando que hasta ahora no existen antecedentes que permitan sostener que se trate de una red de tráfico infantil o que los menores estén desaparecidos.
Las declaraciones fueron realizadas en Radio Universo, luego de que un preinforme de la Contraloría General de la República detectara irregularidades relacionadas con la identificación y validación de domicilios de algunos menores que ingresaron al país.
“Quiero decir responsablemente, sin ser encargado de la investigación, que no hay ningún antecedente serio que indique que estamos frente a un tema de tráfico de niños, de prostitución infantil o de órganos”, afirmó el secretario de Estado.
El problema estaría en la validación de domicilios
Según explicó Barros, cuando se desarrolló el programa de reunificación familiar, las familias beneficiadas informaron direcciones que en muchos casos correspondían a cités, establecimientos educacionales o residencias temporales donde permanecieron inicialmente.
Sin embargo, el problema surgió posteriormente cuando las autoridades intentaron verificar esos antecedentes.
“Esos domicilios no se han podido validar”, explicó el ministro al referirse a las observaciones detectadas por la Contraloría.
La autoridad reconoció que existen cuestionamientos sobre la implementación de la política pública, pero insistió en diferenciar esos problemas administrativos de eventuales delitos.
“No hay una sola denuncia de padres que diga que su hijo se perdió”
Barros fue enfático al descartar que existan antecedentes que indiquen la desaparición de menores.
“No hay antecedentes de que estos niños estén desaparecidos o perdidos. Aquí entró una cantidad de niños y no se sabe en qué están, pero no hay una sola denuncia que diga ‘mi hijo se perdió’ o ‘no está ni en Haití ni en Chile'”, sostuvo.
Sus declaraciones se producen en medio del debate generado por el informe preliminar que detectó inconsistencias en los registros asociados a menores que ingresaron durante 2025 mediante vuelos chárter procedentes desde Haití.
Apunta a un negocio aprovechando la desesperación de familias haitianas
El ministro también planteó que detrás del proceso habrían existido personas que aprovecharon la situación para obtener beneficios económicos.
“Hay aparentemente 12 personas que descubrieron que tenían una buena oportunidad de negocio, que era la angustia de algunos padres de decirles: ‘Mire, no se preocupe, pague tantos millones y yo me encargo de todo'”, afirmó.
De acuerdo con la autoridad, algunas personas habrían utilizado los mecanismos migratorios para facilitar la obtención de documentos y posteriormente trasladarse a otros países.
“Chile fue usado como trampolín para obtener documentos y salir rumbo a otros países. Aquí hubo personas que hicieron de esto un negocio”, señaló.
Críticas a la filtración del informe de Contraloría
Durante la entrevista, Barros también cuestionó la difusión pública del documento preliminar elaborado por la Contraloría, argumentando que el proceso aún no ha concluido.
“Es muy lamentable que un preinforme se filtre porque ese informe no es definitivo, porque falta escuchar los descargos de las instituciones”, manifestó.
El ministro recordó que las entidades involucradas todavía tienen la posibilidad de responder a las observaciones formuladas por el organismo fiscalizador antes de la emisión de un informe final.
“Todo indica que se trata de un terrible desorden”
Si bien descartó antecedentes sobre tráfico infantil, Barros reconoció graves problemas en la ejecución de la política migratoria relacionada con la reunificación familiar.
“El tema se está trabajando, se está reuniendo la información y todo indica que se trata de un terrible desorden, de una muy mala política en general en el tema migración, que partió mal y continuó mal”, afirmó.
Mientras continúan las investigaciones administrativas y judiciales, en las últimas horas se ha informado que algunos de los menores que ingresaron al país durante 2025 han sido ubicados por las autoridades, en un proceso que sigue bajo revisión por parte de distintos organismos del Estado.
