El aumento del consumo de productos del mar durante Semana Santa no solo moviliza a miles de personas en todo el país, sino también a las autoridades encargadas de fiscalizar su extracción y comercialización. En ese contexto, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca) desplegó un amplio operativo que permitió detectar más de 84 toneladas de pesca ilegal.
Las fiscalizaciones se realizaron en coordinación con distintas instituciones del Estado, en el marco de la denominada Red Sustenta, una estrategia que busca reforzar los controles en fechas donde la demanda por pescados y mariscos puede llegar a multiplicarse varias veces.
Operativos en toda la cadena de comercialización
Los controles se concentraron en distintos puntos del proceso, desde las zonas de pesca y desembarque hasta el transporte y la venta final. En estos operativos participaron la Armada, Carabineros, la PDI, el Servicio de Impuestos Internos, autoridades de Salud y Aduanas, entre otros organismos.
Según explicó la directora nacional de Sernapesca, Soledad Tapia, el trabajo coordinado permitió aumentar la cobertura y efectividad de las fiscalizaciones.
En declaraciones recogidas por Diario Sur Noticias, la autoridad señaló que
“cuando las instituciones públicas coordinamos nuestros esfuerzos, logramos una respuesta más eficiente para la ciudadanía y un mayor control de la actividad pesquera”.
Cifras que reflejan la magnitud del operativo
Durante esta campaña, se desarrollaron 581 operativos a nivel nacional, en los que se controlaron 4.448 toneladas de pesca legal, además de 2.658 vehículos y más de 4.800 actores vinculados a la cadena productiva.
Sin embargo, junto con ese volumen de actividad formal, las autoridades lograron identificar una cantidad relevante de recursos extraídos o comercializados fuera de la normativa.
En total, se detectaron 84,1 toneladas de productos del mar ilegales, lo que derivó en la cursación de 84 infracciones y la incautación de 14 vehículos utilizados en estas actividades.
Desde Sernapesca advirtieron que este tipo de actividades ilegales no solo infringen la normativa vigente, sino que también ponen en riesgo el equilibrio de los recursos marinos y afectan directamente a quienes desarrollan la pesca de manera formal.
