Lo que debía ser una intervención médica de rutina terminó convirtiéndose en un problema que se extendió por años. El Hospital Base Valdivia y el Servicio de Salud Los Ríos deberán pagar una indemnización de 17 millones de pesos a un paciente, luego de que la justicia acreditara una falta de servicio tras una cirugía realizada en 2018.
El caso quedó definitivamente resuelto luego de que las entidades demandadas no recurrieran ante la Corte Suprema, lo que permitió que la sentencia de la Corte de Apelaciones de Valdivia quedara firme.
Todo se originó tras una operación de próstata, procedimiento tras el cual el paciente comenzó a experimentar dolores persistentes que se prolongaron por cerca de dos años.
Con el tiempo, y tras múltiples consultas médicas, se determinó que estos síntomas estaban relacionados con un tubo de drenaje de aproximadamente 15 centímetros que había quedado al interior de su cuerpo, sin ser detectado oportunamente.
El hallazgo se produjo de manera fortuita, lo que obligó a realizar una segunda intervención quirúrgica para extraer el elemento, prolongando el sufrimiento físico y emocional del afectado.
La justicia eleva la indemnización
En una primera instancia, el Segundo Juzgado Civil de Valdivia acogió la demanda y fijó una compensación de 7 millones de pesos. Sin embargo, tras la apelación presentada por la parte demandante, el caso fue revisado por la Corte de Apelaciones.
El tribunal resolvió aumentar la indemnización a 17 millones de pesos, considerando no solo la extensión del daño físico, sino también las consecuencias psicológicas, familiares y económicas que enfrentó el paciente durante el prolongado periodo en que convivió con el objeto en su organismo.
Fallo apunta a falta de atención oportuna
Entre los elementos considerados por la justicia, se encuentra la ausencia de exámenes oportunos que permitieran detectar antes la presencia del tubo, lo que habría evitado la prolongación del daño.
El fallo establece así la existencia de una responsabilidad por falta de servicio, una figura legal que se aplica cuando una institución pública no actúa conforme a los estándares que se esperan en la atención de las personas.
