Gobierno ingresa proyecto de “supersueldos” del Congreso y Fedacon acusa que fueron “vendidos” por Boric
El ingreso del proyecto conocido como “supersueldos” del Congreso abrió un nuevo foco de tensión política e institucional. La iniciativa, presentada este martes por el Gobierno y promovida inicialmente por el presidente del Senado, Manuel José Ossandón, generó un inmediato rechazo de la Federación de Asociaciones de Funcionarios del Congreso Nacional (Fedacon), que acusó una ruptura total de confianzas con el Ejecutivo.
La propuesta legal introduce modificaciones relevantes al régimen interno del Congreso. Entre sus principales ejes, reformula asignaciones del personal de la Cámara de Diputados, el Senado y la Biblioteca del Congreso Nacional, además de delimitar las atribuciones de las Comisiones de Régimen y de la Comisión de Biblioteca, especialmente en materias salariales y de beneficios económicos.
A ello se suma la fijación de plazos definidos para los cargos clave del aparato administrativo legislativo, como el Secretario de la Cámara de Diputados, el Secretario del Senado y el Director de la Biblioteca del Congreso, un punto que ha sido interpretado por los funcionarios como una señal de inestabilidad para la carrera funcionaria.
Desde el oficialismo, el senador Manuel José Ossandón valoró que el Presidente Gabriel Boric haya ingresado el proyecto como iniciativa del Ejecutivo, luego de que una moción parlamentaria fuera declarada inadmisible. Según explicó, aunque el texto es similar al que él impulsó, ahora cuenta con respaldo constitucional al ser presentado por el Gobierno.
Ossandón defendió el contenido del proyecto asegurando que no implica rebajas salariales ni afecta directamente a los funcionarios actuales. A su juicio, el foco está en asegurar la sustentabilidad futura del Congreso, limitando la capacidad de las comisiones internas para crear bonos, subir sueldos o modificar condiciones laborales sin una base legal expresa.
“Lo que esté definido por ley es lo que debe regir”, sostuvo el senador, llamando a sus pares a respaldar una iniciativa que —según su visión— entrega estabilidad institucional y reglas claras hacia adelante.
La reacción desde Fedacon fue diametralmente opuesta. Su presidenta, Elizabeth Cangas, cuestionó duramente el momento político elegido para presentar el proyecto y acusó una maniobra de fondo. En un mensaje dirigido a los funcionarios del Congreso, sostuvo que “fuimos vendidos por el Presidente Boric”, afirmando que este tipo de iniciativas no se presentan en contextos de traspaso de mando presidencial ni parlamentario.
Cangas acusó además falta de transparencia y diagnóstico, señalando que el Gobierno tuvo años para levantar información clara sobre las remuneraciones del Estado y dialogar con los trabajadores del Congreso, lo que —según afirmó— nunca ocurrió. A su juicio, el proyecto no aborda realmente los llamados supersueldos, sino que daña la carrera funcionaria de uno de los poderes del Estado.
La dirigenta fue más allá y advirtió sobre las consecuencias institucionales del conflicto, señalando que la iniciativa podría derivar en una crisis interna y en eventuales movilizaciones, justo cuando asuman nuevas autoridades políticas y parlamentarias. “Vamos a tener ganas de hacer un paro”, advirtió, marcando un escenario de alta tensión para el próximo ciclo legislativo.
El debate por los supersueldos en el Congreso queda así abierto, no solo como una discusión sobre remuneraciones y atribuciones administrativas, sino también como un conflicto político-laboral que podría escalar y afectar el normal funcionamiento del Poder Legislativo en un momento de transición institucional.
