Déficit fiscal cerraría 2025 en -2,7% y abre debate por la herencia económica que recibirá Kast
El balance fiscal de 2025 se encamina a cerrar con un escenario más complejo de lo previsto. Según proyecciones del propio Ejecutivo, el año terminaría con un déficit fiscal de hasta -2,7% del PIB, lo que confirmaría el tercer incumplimiento consecutivo de las metas fiscales, abriendo un flanco político y económico de cara al próximo gobierno.
El déficit originalmente proyectado en -1,6% fue corregido en reiteradas oportunidades por la autoridad fiscal, primero hasta -2,2% y, finalmente, a un nivel aún mayor. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, reconoció que el resultado final estaría más cerca del -2,7%, cifra que deberá ser ratificada oficialmente cuando la Dirección de Presupuestos (Dipres) entregue el cierre del ejercicio fiscal hacia fines de enero.
Este escenario instala el concepto de “herencia fiscal” como uno de los principales desafíos que enfrentará el presidente electo José Antonio Kast, quien asumirá con un margen acotado para el manejo del gasto público. Desde sectores de oposición advierten que el mayor déficit podría traducirse en recortes presupuestarios más profundos a los comprometidos durante la campaña presidencial.
En contraste, desde el oficialismo han intentado moderar las críticas, argumentando que, pese al desvío fiscal, la administración Boric dejará indicadores macroeconómicos en mejor pie que los heredados, destacando avances en control de la deuda pública y otros equilibrios estructurales.
Sin embargo, el debate se intensificó en el Congreso durante la tramitación de la ley de reajuste del sector público. Bancadas de la UDI, Renovación Nacional y Republicanos manifestaron su rechazo a la iniciativa, acusando que el Ejecutivo estaría intentando traspasar un reajuste sin financiamiento al próximo gobierno.
A través de una declaración conjunta, parlamentarios que integran la Comisión de Hacienda cuestionaron la conducción fiscal del ministro Grau y advirtieron sobre una eventual responsabilidad política del Ejecutivo. En el documento señalaron que, dado que las advertencias sobre el deterioro fiscal se arrastran desde hace meses, existe el derecho a presumir que el objetivo sería trasladar el costo político y fiscal a la administración entrante, calificando la situación como un acto de irresponsabilidad y mala fe democrática.
Desde el Partido Republicano, el diputado Agustín Romero sostuvo que las consecuencias del actual manejo fiscal terminarán siendo asumidas por la ciudadanía, reforzando la crítica a lo que calificó como improvisación económica del Gobierno.
Más allá del cruce político, el equipo del presidente electo ha insistido en que su prioridad estará puesta en reactivar la inversión y el empleo. La semana pasada, durante un encuentro en Icare, Kast y su principal asesor económico —y eventual ministro de Hacienda— Jorge Quiroz, delinearon los primeros ejes del nuevo ciclo económico.
Entre los anuncios más destacados, Quiroz planteó una agenda de desregulación, enfocada especialmente en destrabar proyectos de inversión. En ese marco, apuntó a la denominada “maraña regulatoria”, anunciando la eliminación de permisos y una profunda simplificación normativa.
Como ejemplo, mencionó el sector de la construcción, donde propuso reducir drásticamente la cantidad de instructivos y circulares vigentes, además de avanzar en una liberalización del suelo y una desregulación del urbanismo, medidas que, según el equipo entrante, podrían impulsar rápidamente el crecimiento económico.
