Migrantes irregulares en Chile tras la elección de Kast: “Es difícil estar tranquilos sabiendo que podemos ser expulsados”

El triunfo presidencial de José Antonio Kast en las elecciones del 14 de diciembre abrió un escenario de incertidumbre profunda para miles de migrantes en situación irregular en Chile, quienes observan el cambio de ciclo político como una amenaza directa a su permanencia en el país. El presidente electo asumirá el 11 de marzo con una promesa explícita: expulsar a cerca de 336 mil extranjeros indocumentados y endurecer de forma inédita la política migratoria.

Para María F., dominicana de 48 años que vive del comercio informal, el resultado electoral fue interpretado como una señal de salida inminente. “Desde que supe que este señor iba a ser presidente, empecé a prepararme para irme. En cualquier momento me voy”, relata, describiendo un clima de inseguridad social y económica que, según ella, ya se venía deteriorando.

El programa de Kast plantea un endurecimiento estructural de las normas de ingreso y permanencia, incluyendo la eliminación de regularizaciones masivas, restricciones de acceso a salud, vivienda y educación para personas indocumentadas, sanciones a empleadores y la implementación de barreras físicas en la frontera, como muros, zanjas y cercos electrificados.

Estas propuestas encontraron respaldo en parte del electorado. Jorge González, de 64 años, considera que la migración irregular es uno de los principales problemas del país y la asocia directamente con la delincuencia, percepción que —según encuestas— ha ido en aumento, pese a la falta de evidencia concluyente que respalde esa relación.

Migración, seguridad y narrativa pública

El discurso que vincula migración y crimen ha sido reforzado por la mención recurrente del Tren de Aragua, organización criminal de origen venezolano con presencia en Chile desde 2020. Para González, este factor fue decisivo al momento de votar, aunque admite que habría preferido una opción aún más dura.

Este escenario se reflejó días antes de la elección, cuando decenas de personas quedaron varadas en la región de Arica tras la militarización de la frontera con Perú, una señal temprana del giro hacia una política más restrictiva.

Deportaciones, diplomacia y obstáculos prácticos

El presidente electo ha sostenido conversaciones con mandatarios de Bolivia, Perú, Ecuador, Panamá, Costa Rica, El Salvador y Argentina para coordinar un eventual corredor humanitario de retorno. Sin embargo, la viabilidad del plan enfrenta un obstáculo clave: la ruptura de relaciones diplomáticas con Venezuela, país de origen de una parte importante de los migrantes irregulares.

Kast ha planteado que, mientras el régimen de Nicolás Maduro no acepte vuelos de retorno, se habilitarán centros de refugio temporales. Esta postura elevó la tensión bilateral luego de que Maduro lanzara advertencias públicas, a las que Kast respondió calificándolo de “narcodictador”.

Para Robersy Vargas, venezolana de 32 años, regresar no es una opción. Llegó a Chile tras huir de la escasez y el colapso económico, y hoy vive con sus dos hijas sin posibilidad de regularizarse debido a la pérdida de documentos y el cierre del consulado venezolano.

“Nos sentimos acorralados, sin saber a dónde ir”, explica, reflejando una sensación compartida por muchos migrantes que esperan señales concretas del nuevo gobierno antes de tomar una decisión definitiva.

Nacionalidad, infancia y controversia

Entre las propuestas más polémicas de Kast se encuentra la revisión del criterio de nacionalidad por nacimiento, planteando que hijos de padres sin residencia obtengan la nacionalidad de sus progenitores y no la chilena. Incluso se ha mencionado la posibilidad de que el Estado asuma el cuidado de menores si las familias se niegan a abandonar el país, lo que ha generado críticas desde sectores humanitarios y religiosos.

El cardenal Fernando Chomalí ha insistido en la necesidad de regular adecuadamente la migración, sin vulnerar principios básicos de derechos humanos.

Según datos oficiales, las personas sin autorización de residencia representan un 17,7% de los casi 1,9 millones de migrantes en Chile. Luz Estela Carabalí, colombiana con residencia regular, considera inviable una expulsión masiva.

“Kast no podrá sacar a todos los inmigrantes irregulares, eso es un delirio”, afirma, advirtiendo que un discurso hostil puede deteriorar la convivencia social y fomentar la estigmatización.

Para Jesús Alcántara, asesor migratorio peruano, el temor actual se explica por la desinformación y el vencimiento de visas temporales, pero recuerda que existen límites constitucionales y tratados de derechos humanos.

“Por más que quiera cambiar la ley, hay un marco que no se puede cruzar”, sostiene, llamando a la calma mientras se clarifica el rumbo del próximo gobierno.