Jueza que firmó liberación de sicario venezolano se defiende: "No hubo dolo ni corrupción, soy inocente"
La liberación del presunto sicario Osmar Ferrer, investigado por su participación en el asesinato de José Felipe Reyes Ossa, conocido como el “Rey de Meiggs”, sigue generando repercusiones en el sistema judicial.
Esta vez fue la propia jueza Irene Rodríguez Chávez, del Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, quien rompió el silencio y aseguró en exclusiva a 24 Horas que “no hubo dolo, ni corrupción, ni nada que implique responsabilidad intencional por parte del Poder Judicial”.
El insólito episodio, que dejó al delincuente en libertad por unas horas pese a estar formalizado por homicidio calificado en contexto de sicariato, ha desatado una investigación interna y motivado la intervención de varias instituciones.
La versión de la magistrada
La jueza Rodríguez defendió su rol en el procedimiento judicial del pasado 9 de julio, afirmando que fue ella quien dictó las órdenes de prisión preventiva para los tres imputados tras su formalización. “Yo decreté las tres prisiones preventivas, firmé y remití las órdenes esa misma tarde a Gendarmería”, indicó, agregando que “se dejó constancia en la historia de la causa que la funcionaria de Gendarmería recibió los documentos esa noche”.
Consultada sobre su rol en la liberación del imputado, la magistrada fue categórica: “Me declaro inocente en ese sentido. No voy a dar entrevistas, porque esto recién empieza. Pero no hubo dolo ni corrupción en el Poder Judicial”.
Cronología de un error que aún no tiene responsables
Según el propio Poder Judicial, los hechos se desencadenaron con rapidez inusual:
- A las 20:17 horas del 9 de julio, el tribunal dictó la prisión preventiva contra Osmar Ferrer.
- A las 20:25, la medida fue dejada sin efecto por problemas de identificación del imputado.
- Tres minutos después, a las 20:28, se dictó una nueva orden de prisión preventiva ya corregida.
Sin embargo, esa tercera resolución —la válida— no fue ejecutada, y en su lugar se habría aplicado la segunda, que anulaba la detención. El resultado fue que Ferrer quedó libre por varias horas, generando una alerta nacional y un operativo policial para su recaptura, actualmente en curso.
Un caso que tensiona al sistema judicial
El error, que aún no tiene responsables claros, ha encendido las alarmas sobre posibles fallas estructurales en la digitalización y verificación de órdenes judiciales. Mientras se investiga si hubo un hackeo, negligencia o falla procedimental, la credibilidad institucional queda en entredicho.
Además, el caso adquiere mayor gravedad al tratarse de un imputado vinculado presuntamente al Tren de Aragua, una organización criminal internacional. El crimen del “Rey de Meiggs” fue calificado por la Fiscalía como un acto de sicariato, ocurrido el pasado 19 de junio en Ñuñoa, cuando la víctima fue ejecutada a plena luz del día en un barrio residencial.
