Claudio Orrego ante crisis por fondos a ProCultura: “Fuimos estafados”

En una jornada marcada por tensiones políticas y acusaciones cruzadas, el gobernador metropolitano Claudio Orrego enfrentó nuevamente los cuestionamientos en torno al millonario financiamiento entregado a la fundación ProCultura, destinada a ejecutar un programa de prevención del suicidio.
La controversia ha escalado a tal punto que Chile Vamos presentó una querella por presuntos delitos de fraude al Fisco, malversación de caudales públicos, tráfico de influencias y negociación incompatible.
Durante una sesión extraordinaria del Consejo Regional Metropolitano realizada este jueves, Orrego defendió la gestión de su administración, pero reconoció aspectos críticos de la ejecución del proyecto. “Nos interesamos al ver la carpeta del programa y descubrimos que se pagaron honorarios al señor Larraín, información que nunca conocimos y que contradice las rendiciones entregadas”, señaló, deslindando cualquier vínculo o conocimiento previo.
Respecto a Gabriel Prado, otro de los nombres mencionados en el caso, fue enfático: “No conozco a esa persona, y él mismo ha declarado lo mismo. Mal podría haber exigido su contratación”, afirmó.
Uno de los puntos más debatidos ha sido el destino de los fondos públicos. El gobernador desmintió que el total de $1.600 millones se haya perdido: “Al menos 600 millones fueron efectivamente ejecutados, actividad por actividad. Nos parece gravísimo que haya habido desvíos de recursos, pero no es cierto que todo el dinero se haya extraviado”, argumentó.
Sin embargo, la declaración más categórica vino al cerrar su intervención: “Fuimos estafados. Y quiero ser claro: no existe institución ni persona —ni en el ámbito público ni privado— que pueda asegurar que nunca será víctima de una estafa. Esa certeza no existe”.
Las palabras de Orrego buscan blindar su administración en medio de una creciente presión política y mediática, pero también abren una discusión más profunda: ¿cómo se fiscalizan los convenios con fundaciones y qué controles reales existen sobre el uso de recursos públicos?