Informe final de la Comisión por la Paz se aprueba sin unanimidad y desata críticas de Gloria Naveillán: "Fue una traición a Chile"
Lejos de su objetivo fundacional de generar un consenso transversal, la Comisión para la Paz y el Entendimiento cerró su trabajo con una grieta institucional que amenaza con debilitar su legitimidad: su informe final fue aprobado este jueves sin la unanimidad requerida por el reglamento original, lo que generó un fuerte rechazo desde sectores conservadores y gremiales del sur del país.
Uno de los cuestionamientos más duros vino desde el Congreso. La diputada Gloria Naveillán —ligada a posturas críticas frente a la restitución territorial a pueblos originarios— acusó que la aprobación por mayoría representa una "traición" a los principios que dieron origen a la comisión.
“Borraron con el codo lo que escribieron con la mano. Traicionaron a Chile, al sur del país, al derecho de propiedad, a los agricultores y a todos los dueños de tierras. Esto es impresentable”, señaló la parlamentaria, reflejando la tensión que ha acompañado el proceso desde sus inicios.
La postura fue reforzada por el comisionado Sebastián Naveillán, presidente de la Asociación de Agricultores de Malleco y único integrante que votó en contra del informe. El dirigente denunció que el documento fue aprobado fuera de los plazos establecidos, y argumentó que el contenido carece de respaldo técnico y financiero suficiente. “Defiendo a los pequeños, medianos y grandes agricultores. Me enorgullece representar a quienes hacen posible el desarrollo productivo de nuestras regiones”, sostuvo en un comunicado.
El informe propone, entre otras medidas, la restitución de 240 mil hectáreas como parte de una política de reparación a pueblos originarios. De ellas, 100 mil hectáreas provendrían supuestamente de terrenos fiscales. Sin embargo, según Naveillán, no existe ningún documento técnico ni validación del Ministerio de Hacienda que respalde su factibilidad. El costo estimado de implementación superaría los 4 mil millones de dólares, lo que levanta dudas sobre su sostenibilidad económica.
Otro flanco de críticas apunta a la forma en que el informe aborda el conflicto de violencia en el sur del país. Según sus detractores, el documento elude calificar directamente ciertos hechos como terrorismo, usando expresiones como “violencia rural” o “actos de carácter terrorista”, lo que sería, a juicio de Naveillán, un intento por diluir la gravedad del problema.
La controversia escaló con las declaraciones del líder del Partido Republicano y precandidato presidencial, José Antonio Kast, quien acusó al gobierno de intentar crear "estructuras paralelas al Estado de derecho" y aseguró que el informe no representa un camino hacia la paz, sino una profundización de la “fragmentación institucional”.
La Comisión fue creada con el propósito de encontrar una salida dialogada y de largo plazo al conflicto territorial en las regiones del Bío Bío, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos. Su integración buscaba representar una diversidad de sensibilidades políticas, pero el desenlace de su trabajo —marcado por la falta de consenso y la desconfianza de sectores clave— deja en evidencia la enorme dificultad de avanzar en políticas de reconocimiento indígena sin un acuerdo político y social de base.
En lugar de cerrar una etapa, el informe final de la Comisión parece haber abierto un nuevo capítulo de polarización en torno a uno de los conflictos más persistentes del país.
