El exoficial de Carabineros Claudio Crespo, recientemente absuelto en el caso que involucró a Gustavo Gatica, participó este martes en una nueva sesión de la comisión investigadora del estallido social en la Cámara de Diputados, instancia donde defendió el actuar policial y aseguró que las manifestaciones de octubre de 2019 no fueron espontáneas.
Durante su intervención, Crespo afirmó que detrás de los hechos registrados durante el estallido social existió planificación, financiamiento y coordinación.
Crespo apunta a una organización detrás del estallido
Antes de ingresar a la comisión, el exoficial sostuvo que las protestas registradas en 2019 respondían a una estructura organizada.
“Aquí hubo una subvención, una planificación y una organización porque lo que ocurrió en ese entonces y todos los sucesos posteriores claramente no eran algo común como lo que nosotros conocíamos como manifestaciones violentas o protestas. Aquí hubo algo detrás”, afirmó.
Asimismo, no descartó una eventual influencia extranjera en los acontecimientos.
“Recuerden las declaraciones del mismo Nicolás Maduro, que decía que a Chile venía un misil de Chávez y que había una brisa bolivariana, también lo dijo Diosdado Cabello”, señaló.
Crespo agregó que diversos actores políticos chilenos mantuvieron vínculos con Venezuela durante ese período.
Críticas a Gabriel Boric y responsabilidades políticas
Durante sus declaraciones también apuntó a dirigentes de izquierda y al actual Presidente de la República.
“Gobernó Boric cuatro años. Varios actores que estuvieron incitando a la violencia, el mismo presidente Boric también estuvo en Plaza Italia varias veces, criticó el accionar de los militares, de los carabineros, querían refundar a Carabineros. Entonces también hay responsabilidades políticas acá”, sostuvo.
Posteriormente, al término de la sesión, volvió a insistir en su postura.
“Yo creo que todos los chilenos merecen saber la verdad, el estallido no fue algo espontáneo, fue algo organizado, subvencionado”, declaró.
El exuniformado aseguró además que existía apoyo logístico permanente para quienes participaban en las manifestaciones.
“Les daban comida todos los días a la gente que iba a Plaza Italia. Nosotros veíamos cómo los alimentaban, les daban insumos, les daban molotov. Eran 200 o 300 molotov, eso tiene un costo. Aquí hubo claramente una intencionalidad de botar un gobierno democráticamente electo”, afirmó.
Hasta la fecha, no existen antecedentes judiciales que hayan acreditado una intervención extranjera o financiamiento organizado de las protestas ocurridas en octubre de 2019.
Cuestiona condenas contra carabineros
Crespo también criticó las condenas que han recibido funcionarios policiales por hechos ocurridos durante el estallido social.
“Hay varios carabineros en las cárceles, cumpliendo condenas súper injustas, por haber salido a la calle a resguardar y a proteger a los vecinos en esta violencia política que se generó por el estallido”, manifestó.
En ese contexto, valoró la implementación de la Ley Naín-Retamal, asegurando que entrega respaldo jurídico a los funcionarios policiales.
“Vino a hacer algo de justicia, para que los carabineros que están hoy día en servicio activo tengan un respaldo político”, indicó.
Asimismo, planteó la necesidad de avanzar en una legislación que establezca con mayor claridad las reglas del uso de la fuerza.
“Hoy día hay que trabajar en una ley RUF, que rija las reglas del uso de la fuerza, cosa que limite la cancha y le diga al carabinero cuáles son sus atribuciones y qué puede hacer”, señaló.
Recurso de nulidad en el caso Gatica
Consultado por los recursos de nulidad presentados por la Fiscalía y los querellantes tras su absolución en el caso de Gustavo Gatica, Crespo indicó que se trata de una acción contemplada dentro del proceso judicial.
“Era algo esperable, es parte del proceso penal, ellos están haciendo uso de un elemento que lo entrega la ley”, comentó.
No obstante, manifestó sorpresa por la decisión del Consejo de Defensa del Estado de sumarse a la acción.
“Sí me pareció algo extraño que presentara también este recurso el Consejo de Defensa del Estado. El juicio duró 14 meses, dio toda la prueba. Aquí nosotros apuntamos en varios factores que el Estado se equivocó, no los carabineros. Nosotros nos regimos por los protocolos y por el uso de la fuerza”, concluyó.
