La exministra y exvocera de Gobierno, Camila Vallejo, enfrenta cuestionamientos tras revelarse antecedentes relacionados con presuntas omisiones en sus Declaraciones de Intereses y Patrimonio (DIP) mientras integraba el gabinete del expresidente Gabriel Boric.
Según investigaciones difundidas por medios nacionales, la exsecretaria de Estado no habría incorporado en sus declaraciones a parte de sus familiares políticos, pese a las exigencias establecidas en la legislación sobre probidad pública.
De acuerdo con los antecedentes publicados, Vallejo no habría incluido en sus declaraciones patrimoniales a su suegra ni a la totalidad de sus cuñados.
La situación generó debate debido a que la Ley 20.880 sobre Probidad en la Función Pública establece la obligación de informar vínculos familiares por afinidad hasta segundo grado.
Especialistas advierten que este tipo de declaraciones cumplen un rol clave en la prevención de eventuales conflictos de interés dentro de la administración pública.
Empresa familiar recibió contratos públicos
La controversia también involucra a la sociedad médica Doctora Andrea San Martín y Compañía Limitada, empresa vinculada a familiares políticos de la exministra y dedicada a prestaciones oftalmológicas para el sistema público de salud.
Según antecedentes obtenidos desde plataformas de compras públicas, la sociedad acumuló más de $2.156 millones en órdenes de compra aceptadas entre 2011 y 2026.
Del total, aproximadamente $1.209 millones corresponderían al período del gobierno de Boric, principalmente mediante servicios prestados al Hospital Clínico Herminda Martín.
Participación previa de Abel Zicavo
La investigación también menciona a Abel Zicavo, esposo de Camila Vallejo y exintegrante de la banda La Moral Distraída.
Según los antecedentes publicados, Zicavo habría participado anteriormente en la propiedad de la empresa, aunque vendió su participación durante 2018, antes de que Vallejo asumiera funciones ministeriales.
Observaciones sobre licitaciones
Otro de los antecedentes difundidos apunta al oftalmólogo Raúl San Martín Geisse, quien habría integrado comisiones evaluadoras relacionadas con licitaciones adjudicadas posteriormente a la misma sociedad.
Además, en algunos casos figuraría como prestador subcontratado por la empresa involucrada.
Hasta ahora, no se han informado investigaciones judiciales formalizadas relacionadas con estos antecedentes.
Desde el entorno de la exministra señalaron que la información cuestionada “fue rectificada a través de la plataforma oficial y cumple con todos los requisitos legales”.
Sin embargo, el reportaje sostiene que, hasta el cierre de la publicación original, la declaración pública aún no incluía a todos los familiares observados.
Especialistas advierten importancia de la transparencia
El expresidente del Consejo para la Transparencia, Jorge Jaraquemada, advirtió que este tipo de situaciones no constituyen un mero aspecto administrativo.
Según explicó, las declaraciones patrimoniales permiten detectar eventuales conflictos de interés y fortalecer la confianza pública en las autoridades e instituciones del Estado.
