Kast lanza plan para “sacar operadores políticos” del Estado y promete evaluar a todos los funcionarios públicos
El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, presentó su propuesta denominada “Plan Al Servicio de Chile”, un eje programático centrado en frenar el aumento del gasto público y la expansión del Estado.
El plan incluye cinco medidas de control y fiscalización que apuntan directamente a la estructura del empleo público, bajo el argumento de que “desde 2014, la cantidad de funcionarios solo ha crecido sin un aumento proporcional en eficiencia o resultados”.
Una de las propuestas más polémicas del documento es la creación de una “Fuerza de Tarea para sacar operadores políticos”, que —según Kast— permitirá “defender a los buenos funcionarios y eliminar la burocracia improductiva”.
“Se evaluará escritorio por escritorio, asegurando que cada cargo tenga sentido y cumpla su función”, precisó el comando republicano.
El objetivo, explican, sería revisar caso a caso la justificación laboral de los empleados estatales, un planteamiento que ya ha generado debate por su posible impacto en la estabilidad funcionaria.
Kast también propone un Registro Único de Funcionarios Públicos, que permitiría transparentar sueldos, funciones y desempeño de todos los trabajadores del Estado.
El registro estaría disponible en línea, de forma pública, “para que los chilenos sepan cuántos funcionarios existen y cuánto cuesta mantener la estructura estatal”, señala el texto.
Esta medida apunta directamente a reforzar la rendición de cuentas y transparencia fiscal, una de las banderas tradicionales del candidato republicano.
Otro punto del plan es la creación de un “Fast Track para sumarios administrativos”, en coordinación con la Contraloría General de la República, con el fin de acelerar los procesos pendientes y sancionar infracciones administrativas con mayor rapidez.
La propuesta pretende reducir la impunidad interna en servicios públicos y “dar señales de eficiencia institucional”, según explicó su equipo.
Una de las medidas con mayor carga política es la “Revisión de todas las contrataciones de los últimos 4 años”, que implicaría una auditoría exhaustiva al gobierno actual.
Kast promete fiscalizar cada contratación para garantizar “su eficiencia, legalidad y mérito profesional”.
“Se busca terminar con el amiguismo y recuperar la meritocracia. Es hora de un cambio radical al sistema de contratación pública”, enfatizó el documento.
