Exfuncionario del GORE Los Ríos y dirigente vecinal quedan con medidas cautelares tras presunto fraude en proyecto cultural
Una nueva arista en los casos de financiamiento irregular de proyectos culturales sacude al sur de Chile. Esta vez, en la Región de Los Ríos, un exfuncionario del Gobierno Regional y un dirigente vecinal de Valdivia quedaron formalizados por presunto fraude al Fisco, tras ser acusados de haber manipulado documentos para acceder a fondos públicos.
La fiscalía imputó a José Oyarzún Rodríguez —quien integraba la División de Desarrollo Social del GORE— por haber facilitado que la Junta de Vecinos El Laurel, entonces liderada por José Robinson Salinas Vera, obtuviera 2 millones de pesos a través de un proyecto musical. Según la investigación liderada por la fiscal María Consuelo Oliva, ambos imputados se conocían y habrían coordinado la operación como un "favor" entre conocidos.
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ya presentó una querella en contra de Oyarzún Rodríguez. De acuerdo con los antecedentes, el exfuncionario habría intervenido en el proceso con la entrega de antecedentes supuestamente falsificados, permitiendo así que el dinero fuera depositado en la cuenta de la organización vecinal.
Sin embargo, la propia Junta de Vecinos devolvió los fondos al detectar el ingreso no solicitado. El hecho fue denunciado por la misma agrupación ante el Ministerio Público, lo que permitió abrir la indagatoria. En tanto, Oyarzún niega irregularidades, afirmando que los documentos fueron entregados formalmente por el representante legal de la junta y asegura que no actuó de manera fraudulenta.
Ambos imputados quedaron con medidas cautelares: firma mensual y prohibición de salir del país. El tribunal fijó un plazo inicial de 100 días para la investigación, que podría extenderse en función de nuevas diligencias.
Este caso pone en entredicho los mecanismos de control y fiscalización en la entrega de recursos públicos a organizaciones comunitarias, en un contexto nacional donde proliferan las denuncias por uso indebido de fondos públicos en fundaciones y programas sociales.
