Contraloría detecta millonarias irregularidades en uso de recursos tras megaincendio de 2024 en Valparaíso
La Contraloría General de la República de Chile, a través de su sede regional de Región de Valparaíso, emitió cinco informes de auditoría que evidencian deficiencias en la gestión de recursos públicos destinados a la emergencia del megaincendio de febrero de 2024, que afectó a las comunas de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana.
Las observaciones involucran a municipalidades, la Delegación Presidencial Regional y la Dirección Regional de Arquitectura, y derivaron en sumarios administrativos y el envío de antecedentes al Ministerio Público y al Consejo de Defensa del Estado.
Pagos no acreditados y posibles sobreprecios
En el caso de la Delegación Presidencial Regional de Valparaíso, el Informe N°528/25 detectó pagos no acreditados y deficiencias contractuales por más de $586 millones en adquisiciones realizadas durante la emergencia. La auditoría advirtió posibles sobreprecios y uso injustificado del trato directo, por lo que se instruyó un sumario administrativo.
Respecto de la Municipalidad de Quilpué, el Informe N°535/25 constató gastos improcedentes, incluyendo la compra de cocinillas sin certificación de la SEC y el extravío de bienes donados, además de falencias en la entrega de ayudas a damnificados y gestión de personal.
En la Municipalidad de Viña del Mar, el Informe N°503/25 evidenció irregularidades en ingresos, gastos, donaciones y ayudas entre febrero de 2024 y abril de 2025, incluyendo problemas de rendición, falta de trazabilidad de beneficios y vulneraciones a la normativa de compras públicas.
Irregularidades en demoliciones por más de $1.200 millones
Las fiscalizaciones a la Dirección Regional de Arquitectura de Valparaíso detectaron pagos indebidos y no acreditados en trabajos de demolición. El Informe Final N°805/25 identificó un pago superior a $434 millones por demoliciones no ejecutadas o parcialmente realizadas, mientras que el Informe Final N°500/25 constató pagos no acreditados por más de $782 millones en el sector El Olivar, junto con irregularidades en adjudicaciones y falta de respaldo documental.
Ante estos hallazgos, la Contraloría reiteró la necesidad de fortalecer los sistemas de control interno, asegurar la correcta utilización de recursos públicos en contextos de emergencia y avanzar en medidas disciplinarias y acciones legales cuando corresponda.
