Caso Ana María Pizarro: capturan en Venezuela al principal sospechoso del crimen que conmocionó a La Serena
José Alejandro Medina Ladera, imputado por el brutal femicidio y descuartizamiento de Ana María Pizarro, fue detenido en la ciudad venezolana de Carabobo. Su captura representa un avance clave en uno de los crímenes más impactantes registrados este año en la Región de Coquimbo.
La detención fue confirmada por la Brigada de Homicidios (BH) de La Serena, luego de semanas de investigación conjunta entre la Policía de Investigaciones de Chile (PDI), el Ministerio Público, la Interpol y fuerzas de seguridad venezolanas. El procedimiento se concretó a las 23:40 horas del sábado 3 de mayo, según detallaron las autoridades, y forma parte de un operativo transnacional que permitió ubicar y capturar al acusado en su país de origen.
Medina Ladera, ciudadano venezolano de 49 años y expareja de la víctima, era considerado desde el inicio como el principal sospechoso. Tras el hallazgo del cuerpo desmembrado de Ana María Pizarro el 18 de abril en un sitio eriazo de La Serena —luego de semanas desaparecida—, las pistas apuntaron rápidamente hacia él, quien se dio a la fuga poco después de la denuncia por presunta desgracia interpuesta el 3 de abril.
La víctima, una mujer residente del sector Las Compañías, fue intensamente buscada durante más de dos semanas. El hallazgo de su cuerpo, en condiciones que la PDI calificó como “de alta crudeza”, activó la alerta pública y encendió el debate sobre la violencia extrema contra mujeres en el país, especialmente en contextos de pareja.
La captura de Medina Ladera se da en un contexto de creciente presión ciudadana por esclarecer el crimen y garantizar justicia. Además, pone a prueba los mecanismos de cooperación internacional frente a delitos graves que traspasan fronteras. La PDI anunció un pronunciamiento oficial para este domingo 4 de mayo, a las 11:30 horas, donde se espera la entrega de antecedentes clave sobre su extradición y los próximos pasos judiciales.
Este caso no solo evidencia los riesgos estructurales de la violencia de género, sino que también refleja la capacidad —y los límites— del Estado para reaccionar frente a crímenes atroces. En un país donde el número de femicidios ha generado creciente alarma pública, la historia de Ana María Pizarro se suma a una dolorosa estadística que exige respuestas sistémicas, no solo investigativas, sino también preventivas.
