El plan migratorio del Gobierno del presidente José Antonio Kast enfrenta uno de sus mayores obstáculos luego de que la Policía de Investigaciones reconociera ante el Senado que actualmente es “imposible” expulsar a cerca de 6 mil ciudadanos venezolanos en situación irregular.
El principal motivo: la falta de relaciones consulares con Venezuela, lo que impide coordinar su retorno.
Un “cuello de botella” en las expulsiones
Durante una sesión de la comisión de Gobierno del Senado, el prefecto de Migraciones de la PDI, Ernesto León, fue categórico:
“No hay relaciones consulares, no los podemos identificar y no los aceptan”, afirmó.
Además, confirmó que los vuelos de expulsión hacia Caracas se encuentran congelados desde junio de 2025, lo que mantiene miles de órdenes sin ejecutar.
Actualmente, se estima que hay cerca de 6 mil expulsiones pendientes, lo que transforma el problema en un bloqueo estructural para la política migratoria del Ejecutivo.
El tema se instaló en el Senado en medio de la discusión de un proyecto que busca tipificar como delito el ingreso clandestino al país, iniciativa que se encuentra en una etapa clave de tramitación.
Sin embargo, el reconocimiento de la PDI abre un debate de fondo: endurecer la ley no garantiza su aplicación si no existen condiciones para ejecutar las expulsiones.
Costos y limitaciones operativas
A las dificultades diplomáticas se suman factores económicos y logísticos.
Cada expulsión puede costar alrededor de $3 millones por persona, considerando traslados, custodia policial y coordinación internacional, lo que limita la posibilidad de implementar un plan masivo.
En ese contexto, expertos advierten que la capacidad del Estado para ejecutar deportaciones es limitada tanto en recursos como en infraestructura.
