En los próximos días, el Gobierno comenzará a aplicar una de sus medidas más sensibles en materia de financiamiento estudiantil: el cobro a deudores del Crédito con Aval del Estado (CAE), enfocado inicialmente en quienes registran altos ingresos y mantienen deudas impagas.
La acción fue instruida por el Ministerio de Hacienda a la Tesorería General de la República (TGR), con el objetivo de acelerar la recuperación de recursos públicos asociados a este sistema de crédito.
Quiénes serán los primeros afectados por el cobro
Según información difundida por Radio ADN, durante la primera semana de abril comenzarán las notificaciones a personas con ingresos superiores a $5 millones mensuales que se encuentran en mora.
En estos casos, el Estado buscará concretar el cobro en el corto plazo, incluso mediante mecanismos como el descuento directo de fondos desde cuentas bancarias, una facultad que la Tesorería puede ejercer en procesos de cobranza fiscal.
De acuerdo con datos oficiales, al menos 1.800 deudores ya fueron identificados bajo este criterio, con una deuda promedio cercana a los $11 millones por persona.
Impacto fiscal y posibles medidas adicionales
Este grupo representa una pérdida estimada de US$20 millones para el Estado, lo que explica la focalización inicial en deudores con mayor capacidad de pago.
En los casos donde los fondos disponibles no sean suficientes para cubrir la deuda, no se descarta avanzar en medidas más severas, como el embargo de bienes, en línea con los procedimientos habituales de cobranza fiscal.
En una segunda fase, la estrategia se ampliará a deudores con ingresos entre $1,5 millones y $5 millones mensuales.
A diferencia del primer grupo, a estos contribuyentes se les ofrecerán facilidades de pago, como convenios con la Tesorería, con el objetivo de regularizar su situación sin medidas coercitivas inmediatas.
Para acceder a estos mecanismos, los deudores deberán acercarse a la TGR y formalizar acuerdos de pago.
