Una comisión técnica convocada por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social entregó al Gobierno un conjunto de 22 recomendaciones para enfrentar el deterioro del mercado laboral chileno. Entre las medidas que generan mayor debate destacan cambios al cálculo de la jornada laboral de 40 horas, la creación de una indemnización a todo evento y la reactivación del proyecto de contratos por hora.
La instancia, presidida por el economista David Bravo y convocada por el ministro del Trabajo, Tomás Rau, elaboró el informe en medio de un escenario marcado por 40 meses consecutivos con una tasa de desempleo superior al 8%. Según los antecedentes analizados, la última medición registró un desempleo de 9,1%, además de la pérdida de cerca de 70 mil empleos formales desde 2022.
Proponen flexibilizar el cálculo de las 40 horas
Uno de los principales planteamientos apunta a modificar la forma en que se calcula la jornada laboral establecida por la Ley de 40 Horas, sin alterar el límite legal de trabajo semanal.
La comisión recomienda ampliar el período para promediar las horas trabajadas, pasando de las actuales cuatro semanas a 15 semanas, equivalente al promedio de los países de la OCDE, e incluso evaluar un sistema de hasta 52 semanas, similar al utilizado en algunas economías europeas.
Con ello, las empresas podrían distribuir de forma más flexible la carga laboral, concentrando más horas durante temporadas de alta demanda y compensándolas posteriormente con semanas de menor trabajo. El informe plantea un límite máximo de 52 horas semanales, considerando tanto las horas ordinarias como extraordinarias.
Según la comisión, esta flexibilidad beneficiaría especialmente a sectores estacionales como el turismo y la agricultura, donde la demanda varía considerablemente durante el año.
Indemnización a todo evento para nuevos contratos
Otra de las propuestas más relevantes consiste en reemplazar gradualmente la actual indemnización por años de servicio, vigente desde 1937, por un sistema de indemnización a todo evento.
La iniciativa contempla que este mecanismo sea financiado mediante una cotización adicional al Seguro de Cesantía y que, en una primera etapa, solo se aplique a los nuevos contratos laborales. Los trabajadores actuales podrían incorporarse voluntariamente mediante acuerdo con su empleador.
La medida busca entregar protección económica al trabajador independientemente de la causal de término del contrato.
Cambios en despidos, jornadas y funciones laborales
El informe también recomienda ampliar la causal de despido por necesidades de la empresa, incorporando expresamente situaciones como bajas sostenidas en las ventas, procesos de reorganización interna y la denominada falta de adecuación del trabajador.
Además, propone modificar el Código del Trabajo para facilitar que empleadores y trabajadores pacten múltiples funciones dentro de un mismo contrato, sin exigir que pertenezcan a una misma naturaleza de labores.
Otra sugerencia es crear un mecanismo permanente que permita reducir temporalmente la jornada laboral durante crisis económicas, utilizando recursos del Seguro de Cesantía para compensar parte de la disminución de ingresos y restringiendo, mientras dure ese acuerdo, los despidos por necesidades de la empresa.
Gobierno prepara proyectos de ley
El ministro del Trabajo, Tomás Rau, confirmó que el Ejecutivo presentará “próximamente” una iniciativa para modificar el sistema de cálculo de la jornada laboral.
Asimismo, anunció que el Gobierno impulsará nuevamente el proyecto de contratos por hora, ingresado originalmente al Congreso en 2018, con el objetivo de formalizar actividades donde la demanda laboral es variable, especialmente en sectores como la gastronomía, el comercio y el turismo.
Respecto de las críticas que advierten una posible precarización del empleo, Rau aseguró que cualquier reforma deberá incorporar regulaciones que resguarden los derechos de los trabajadores.
“El desafío será establecer una regulación adecuada para evitar ese escenario”, sostuvo.
Las propuestas aún no son obligatorias
Las 22 recomendaciones elaboradas por la comisión técnica no tienen carácter vinculante y constituyen una base para que el Gobierno defina qué iniciativas impulsará mediante proyectos de ley.
Sin embargo, varias de ellas —como la flexibilización de la jornada de 40 horas, la indemnización a todo evento y los contratos por hora— anticipan un intenso debate entre el Ejecutivo, el Congreso, organizaciones sindicales y el sector empresarial, debido al impacto que podrían tener sobre el mercado laboral chileno.
