2025-08-15

Tres reos de alta peligrosidad se fugan desde la Cárcel de Valparaíso y activan operativo nacional de búsqueda

El hecho reabre el debate sobre las falencias del sistema penitenciario en Chile.

La madrugada de este viernes se produjo una fuga de tres internos de alta peligrosidad desde el Complejo Penitenciario de Valparaíso, lo que encendió las alarmas en las autoridades y volvió a poner bajo escrutinio el estado del sistema penitenciario en el país.

Según información oficial, los reclusos escaparon cerca de las 02:30 horas utilizando un cable de acero entregado desde el exterior, lo que hace presumir la existencia de una red de apoyo externo. La evasión fue detectada por personal de una torre de vigilancia, lo que derivó en un masivo operativo policial y un censo interno para confirmar la ausencia de los tres condenados.

Quiénes son los fugados

Los prófugos fueron identificados como:

  • Juan Israel González Quezada, condenado a presidio perpetuo calificado por el asesinato del suboficial mayor de Carabineros David Florido (2022).
  • Jairo Adonis González Miranda, sentenciado a presidio perpetuo por robo con homicidio.
  • Claudio Alexander Fornes Vicuña, con condenas por robo con homicidio y tráfico de drogas.

El perfil de los internos y la forma en que lograron vulnerar la seguridad del penal ha elevado la preocupación ciudadana, particularmente en la Región de Valparaíso.

Reacciones y cuestionamientos

La Fiscalía, Gendarmería y las policías desplegaron un operativo de búsqueda a nivel regional, mientras que la institución penitenciaria abrió un sumario administrativo para determinar eventuales responsabilidades internas.

El caso ya genera debate sobre las falencias estructurales del sistema carcelario: infraestructura deficiente, saturación de recintos, escasez de personal capacitado y mecanismos de vigilancia insuficientes. Expertos en seguridad sostienen que episodios como este son un reflejo de un problema más profundo y no hechos aislados.

Más allá de la urgencia por recapturar a los fugitivos, el caso vuelve a interpelar al Estado sobre si Chile cuenta con los recursos y las políticas adecuadas para garantizar la seguridad dentro y fuera de los penales.

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