Contraloría confirma nepotismo en Municipalidad de Osorno: ordenan desvinculación de funcionaria vinculada a alta autoridad
La Contraloría General de la República emitió un dictamen el pasado 19 de mayo que pone bajo la lupa la gestión administrativa de la Municipalidad de Osorno. El organismo fiscalizador determinó que una funcionaria recientemente contratada debe ser desvinculada debido a un claro conflicto con la normativa vigente sobre nepotismo en el sector público.
La razón: mantiene un vínculo de parentesco directo con un alto directivo de la Dirección de Desarrollo Comunitario (DIDECO) del mismo municipio, lo que configura una inhabilidad legal según la Ley N° 18.575.
Este caso, revelado inicialmente por la concejala Natali Guissen Ibarra, pone en evidencia una práctica que vulnera los principios de probidad administrativa que rigen a la función pública chilena. Guissen, quien presentó la denuncia formal ante la Contraloría hace aproximadamente un mes, explicó que la funcionaria involucrada es sobrina de un director municipal que, además de ocupar un alto cargo en DIDECO, subroga funciones ejecutivas que, en ocasiones, superan incluso la autoridad del alcalde.
La Ley N° 18.575, que regula la administración del Estado, prohíbe expresamente la contratación de familiares dentro de una misma línea jerárquica hasta el tercer grado de consanguinidad. Esta restricción busca evitar el nepotismo, un fenómeno que deteriora la transparencia y la confianza ciudadana en las instituciones públicas.
En el caso específico de Osorno, la contratación de esta funcionaria se produjo apenas una semana después del nombramiento de su familiar en la dirección, lo que para la concejala sugiere una relación de influencia directa que va más allá de la simple coincidencia.
El dictamen de la Contraloría es categórico: confirma la existencia de una inhabilidad para que ambas personas trabajen bajo una misma estructura jerárquica en la municipalidad. Este fallo obliga a la Ilustre Municipalidad de Osorno a proceder con la desvinculación de la funcionaria, poniendo así en práctica las medidas necesarias para garantizar la legalidad y transparencia en la gestión pública local.
La concejala Guissen enfatizó que su denuncia no busca cuestionar las capacidades profesionales de los implicados, sino el estricto cumplimiento de la ley. “El problema no es la competencia, sino la legalidad y la ética administrativa. Mantener un vínculo familiar en la misma línea jerárquica genera conflictos evidentes, dificultando la fiscalización interna y la toma de decisiones objetivas”, señaló.
Este episodio abre un debate importante en torno a la eficacia de los mecanismos de control en los municipios, especialmente en regiones donde las redes familiares pueden entrelazarse con la gestión pública, generando riesgos para la gobernabilidad y la confianza ciudadana. Además, plantea la necesidad de fortalecer la supervisión preventiva y promover una cultura organizacional que valore la transparencia por sobre cualquier vínculo personal.
En suma, el dictamen de la Contraloría y la denuncia de la concejala constituyen un llamado urgente a revisar las prácticas administrativas locales para asegurar que la gestión pública en Osorno se apegue a los principios fundamentales de integridad y probidad que exige la normativa chilena.