La cárcel La Laguna de Talca volvió al centro de la discusión sobre seguridad penitenciaria luego de convertirse en el destino de cientos de personas privadas de libertad trasladadas desde distintos recintos del país en el marco de la denominada Operación Cancerbero, impulsada por el Gobierno.
El Ejecutivo busca concentrar a internos considerados de mayor peligrosidad en un recinto diseñado para ofrecer mayores niveles de control, segmentación y vigilancia, en medio de una política que pretende endurecer las condiciones para quienes mantienen vínculos con organizaciones criminales.
La estrategia ha sido comparada políticamente con el modelo penitenciario impulsado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, particularmente por elementos como los uniformes, las restricciones de comunicación y los controles sobre las visitas.
Sin embargo, especialistas y exautoridades de Gendarmería han advertido que La Laguna no constituye una réplica del Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) salvadoreño.
De hecho, el exdirector de Gendarmería Claudio Martínez sostuvo que en Chile no existe propiamente un “modelo Bukele” y que el régimen de máxima seguridad implementado en el país presenta mayores similitudes con el régimen 41-bis italiano, diseñado para impedir que líderes criminales continúen dirigiendo organizaciones desde las cárceles.
Una cárcel planificada hace más de 15 años
La Laguna se encuentra en el sector de Panguilemo, aproximadamente 10 kilómetros al norte de Talca, y cuenta con una superficie construida superior a 63.500 metros cuadrados.
Su origen se remonta a una planificación iniciada durante el primer gobierno de Sebastián Piñera. La construcción comenzó durante el segundo mandato de Michelle Bachelet y el recinto fue inaugurado en enero de 2025, durante el gobierno de Gabriel Boric.
El poblamiento de la cárcel comenzó gradualmente en abril de ese año.
En junio de 2025, el entonces ministro de Justicia, Jaime Gajardo, informó que el recinto contaba con 424 personas privadas de libertad.
Actualmente, el complejo vuelve a adquirir protagonismo debido al traslado de internos desde diferentes cárceles del país como parte de la estrategia de concentración de personas consideradas de mayor peligrosidad.
¿Cuántos internos puede recibir La Laguna?
El complejo penitenciario fue diseñado para albergar hasta 2.320 personas privadas de libertad.
Una de sus principales características es la segmentación de la población penal, distribuida en 14 módulos de reclusión.
El sistema permite separar a los internos considerando factores como su género, calidad procesal —imputados o condenados— y nivel de compromiso delictual.
Esta distribución busca evitar que personas con diferentes perfiles criminales compartan los mismos espacios y facilitar un mayor control sobre quienes representan un riesgo más elevado.
Cómo son los módulos de máxima seguridad
Los sectores destinados a internos de máxima seguridad cuentan con características diferentes respecto de los módulos destinados a personas con menor compromiso delictual.
En estos sectores existen celdas individuales y sistemas de visita mediante locutorios, que impiden el contacto físico entre los internos y sus visitantes.
En los módulos destinados a personas de bajo y mediano compromiso delictual existen tanto celdas individuales como colectivas, además de espacios destinados a educación y talleres laborales.
Esta diferencia es importante para entender que La Laguna no funciona como un único bloque penitenciario con las mismas condiciones para todos los internos.
Más de 1.500 cámaras y sistemas de bloqueo de celulares
La infraestructura tecnológica es uno de los elementos que diferencia a La Laguna de otros establecimientos penitenciarios del país.
El recinto cuenta con más de 1.500 cámaras de vigilancia, además de más de 30 detectores de metales y tres escáneres corporales.
También dispone de equipos destinados a detectar drogas y explosivos.
Otro de los mecanismos considerados para impedir la coordinación delictiva desde el interior del penal es un sistema de bloqueo de señal de teléfonos celulares y gestión de telecomunicaciones.
La lógica detrás de estas medidas es reducir las posibilidades de que internos puedan mantener comunicaciones no autorizadas con el exterior.
¿Qué pasa con las visitas de los internos más peligrosos?
Los internos ubicados en los sectores de mayor seguridad están sujetos a un régimen de visitas más restrictivo.
En lugar del contacto físico convencional, los encuentros se realizan mediante locutorios, separados por una barrera que impide el contacto directo.
Además, dentro de las medidas asociadas al régimen de mayor seguridad se contempla la restricción de comunicaciones externas y mayores controles sobre los beneficios y elementos que pueden ingresar al establecimiento.
Los internos considerados de mayor peligrosidad también deben utilizar uniforme, una de las características que ha generado comparaciones con el modelo penitenciario de El Salvador.
¿La Laguna es realmente una cárcel “estilo Bukele”?
La comparación con el modelo de Nayib Bukele surge principalmente por el endurecimiento de las condiciones para internos considerados de alta peligrosidad.
El CECOT, construido en El Salvador como parte de la estrategia contra las organizaciones criminales, se transformó en uno de los símbolos de la política de seguridad de Bukele.
Sin embargo, existen diferencias importantes.
De acuerdo con la descripción recogida en los antecedentes disponibles, el CECOT presenta un régimen mucho más restrictivo, con grandes espacios de reclusión, ausencia de ventanas en las celdas, fuertes limitaciones para los internos y una vigilancia permanente.
La Laguna, en cambio, fue concebida bajo un modelo penitenciario que también contempla educación, salud, tratamiento de adicciones, capacitación laboral, deporte y cultura.
Por eso, reducir el establecimiento chileno a una “copia del CECOT” puede resultar engañoso.
La comparación con el modelo 41-bis de Italia
El exdirector de Gendarmería Claudio Martínez planteó otra comparación para explicar el régimen aplicado a los internos de mayor peligrosidad.
Según su análisis, el modelo chileno presenta más similitudes con el 41-bis italiano, régimen creado para limitar la capacidad de los líderes de organizaciones criminales de continuar impartiendo órdenes desde las cárceles.
La idea central no consiste únicamente en mantener aislado al interno, sino en impedir que utilice el sistema penitenciario como centro de operaciones para continuar controlando una organización criminal.
En ese sentido, las restricciones de comunicación y las visitas controladas adquieren especial relevancia.
La Laguna también tiene infraestructura para reinserción
Uno de los aspectos menos presentes en la comparación con el modelo salvadoreño es que el complejo de Talca también contempla una infraestructura destinada a la reinserción social.
El recinto cuenta con un área de salud, preparada para atención de medicina general, especialidades, odontología y hospitalizaciones.
También dispone de un centro de tratamiento de adicciones.
En materia educativa y laboral, existe una escuela centralizada y espacios destinados a capacitación, deporte y actividades culturales.
La gestión de los procesos de reinserción está a cargo del Estado, a través de Gendarmería, mientras que privados pueden participar en la ejecución de determinados talleres y programas.
Un recinto pensado para cambiar la política penitenciaria
La construcción de La Laguna comenzó a planificarse mucho antes de la actual administración y su desarrollo atravesó tres gobiernos.
El propio presidente José Antonio Kast ha destacado este aspecto al señalar que se trata de un “proyecto de Estado” que comenzó a pensarse hace más de 15 años.
Su utilización actual, sin embargo, coincide con una nueva estrategia de seguridad que busca concentrar a internos de alta peligrosidad y dificultar que las organizaciones criminales continúen operando desde las cárceles.
La experiencia de La Laguna será seguida de cerca porque representa uno de los principales cambios en la infraestructura penitenciaria chilena de las últimas décadas.
El desafío será determinar si la combinación de alta tecnología, segmentación, restricciones de comunicación y régimen de máxima seguridad logra reducir efectivamente la capacidad de las organizaciones criminales para operar desde los recintos penitenciarios, sin dejar de lado los mecanismos de reinserción contemplados en el propio establecimiento.
