Desbaratan millonario fraude a Fonasa: usaban huellas de pacientes para cobrar tratamientos dentales falsos

Cuatro ciudadanos venezolanos fueron formalizados por integrar una presunta organización que defraudó a Fonasa por más de $260 millones mediante la emisión de bonos PAD dentales.

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Una investigación conjunta de la Fiscalía de Atacama y la Policía de Investigaciones (PDI) permitió desarticular una presunta organización criminal dedicada a defraudar al Fondo Nacional de Salud (Fonasa) mediante la emisión de bonos PAD dentales por prestaciones que nunca fueron realizadas.

Según la investigación, el fraude habría provocado un perjuicio superior a $260 millones al Estado y afectado a cerca de 400 pacientes, entre ellos menores de edad.

Cuatro detenidos y dos en prisión preventiva

Por estos hechos fueron detenidas cuatro personas de nacionalidad venezolana, quienes fueron formalizadas por diversos delitos.

El Juzgado de Garantía decretó prisión preventiva para dos imputados, mientras que los otros dos quedaron sujetos a la medida cautelar de arresto domiciliario nocturno.

De acuerdo con el fiscal de la Unidad Anticorrupción e Investigación Especializada de la Fiscalía de Atacama, Luis Miranda Flores, la estructura operaba desde el centro médico VenNorte, ubicado en Copiapó.

Así operaba el fraude a Fonasa

La investigación estableció que los pacientes acudían al recinto para realizarse exámenes de imagenología, prestaciones que sí eran efectuadas.

Sin embargo, durante la atención, la huella digital utilizada para validar esos procedimientos en el sistema I-MED era empleada, sin conocimiento de los usuarios, para emitir bonos PAD correspondientes a tratamientos odontológicos inexistentes.

Posteriormente, esos bonos eran cobrados a Fonasa, generando un millonario perjuicio fiscal.

Fiscalía investiga asociación ilícita y lavado de activos

Durante la formalización, el Ministerio Público sostuvo que los imputados actuaban de manera coordinada y con funciones claramente definidas.

Entre ellos figura quien sería el líder de la organización, un auxiliar paramédico en odontología que, según la Fiscalía, se hacía pasar por médico, configurando además el delito de ejercicio ilegal de la profesión.

También fueron formalizados:

  • Un imputado encargado de recibir y redistribuir el dinero obtenido mediante el fraude.
  • Un médico radiólogo que firmaba informes clínicos mientras los datos biométricos eran utilizados para generar los bonos falsos.
  • La recepcionista del centro médico, quien operaba el sistema I-MED y capturaba las huellas digitales utilizadas en las maniobras investigadas.

Durante la audiencia, la Fiscalía presentó antecedentes correspondientes a 31 pacientes cuyas huellas fueron utilizadas para tramitar prestaciones odontológicas que nunca recibieron.

El dinero habría sido lavado mediante otras empresas

La investigación también apunta al delito de lavado de activos.

Según el Ministerio Público, los imputados habrían creado distintas sociedades, entre ellas una farmacia, una perfumería y la empresa Comercializadora Venfarma, con el objetivo de triangular los recursos obtenidos y ocultar el origen ilícito del dinero.

Por ello, además de las personas naturales, también fueron formalizadas las personas jurídicas involucradas.

El fraude habría operado durante casi tres años

La jefa de la Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) de la PDI de Copiapó, subprefecta Cecilia Diez Carrasco, indicó que las diligencias permitieron establecer que el mecanismo operó durante casi tres años, utilizando el centro médico como plataforma para emitir prestaciones dentales inexistentes mediante la modalidad PAD.

La oficial destacó que el trabajo conjunto entre la Bridec y la Fiscalía permitió desarticular la estructura criminal.

Pacientes quedaron sin acceso a tratamientos reales

El fiscal Luis Miranda explicó que el perjuicio no solo afectó al Estado.

Al aparecer en los registros de Fonasa como beneficiarios de tratamientos dentales ya ejecutados y pagados, numerosos pacientes quedaron impedidos de acceder posteriormente a esas prestaciones cuando realmente las necesitaban.

El tribunal fijó un plazo de tres meses de investigación, período en que la Fiscalía y la PDI continuarán desarrollando diligencias y no descartan identificar a nuevas víctimas ni eventuales responsables.

Boris Ulloa
Boris Ulloa
Redactor con más de 9 años de trayectoria en prensa digital, con publicaciones en Yahoo News y Finance. Especializado en actualidad nacional e internacional, crónica regional, investigación y artículos de opinión.

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