Acusan a Gabriel Boric ante la Corte IDH por incumplir fallo internacional de derechos humanos
La abogada de derechos humanos, Karinna Fernández, presentó un requerimiento ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) contra el Estado de Chile, acusando un incumplimiento en la ejecución de un fallo internacional vinculado al caso “Vega González y otros vs. Chile”. La acción apunta directamente a la administración del presidente Gabriel Boric, cuestionando la falta de medidas ordenadas por el tribunal.
El punto central del conflicto es la ausencia de un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional, una de las obligaciones establecidas en la sentencia de la Corte IDH, cuyo plazo de cumplimiento venció en septiembre de 2025.
El origen del caso: reducción de penas y condena internacional
El caso se remonta a denuncias de familiares de víctimas, quienes cuestionaron decisiones de la Corte Suprema de Chile que redujeron penas a condenados en 14 causas vinculadas a violaciones de derechos humanos.
Frente a ello, la Corte IDH ordenó al Estado no solo revisar estas resoluciones, sino también adoptar medidas de reparación simbólica, entre ellas un acto oficial encabezado por altas autoridades del país.
Este tipo de actos tiene un rol clave en el sistema interamericano, ya que busca reconocer públicamente la responsabilidad del Estado y contribuir a la reparación de las víctimas.
Según el documento presentado por Fernández, el Gobierno habría reconocido el incumplimiento del plazo y, además, comunicó que el Presidente Gabriel Boric no participaría en la ceremonia.
“Se comunica formalmente la negativa de S.E. el Presidente de la República a participar en el acto público de reconocimiento”, señala el escrito ingresado ante el tribunal internacional.
La propuesta alternativa del Ejecutivo habría sido realizar la actividad únicamente con autoridades ministeriales y en dependencias de la Cancillería, lo que, a juicio de la abogada, no cumple con los estándares exigidos por la sentencia.
Cuestionamientos por falta de “solemnidad y jerarquía”
La representación de las víctimas solicitó a la Corte que declare formalmente el incumplimiento del denominado Punto Resolutivo 13, argumentando que la propuesta estatal no respeta criterios fundamentales como la solemnidad, jerarquía y oportunidad.
Fernández sostuvo que la ausencia del jefe de Estado “constituye un incumplimiento flagrante”, especialmente considerando la relevancia del caso y el rol simbólico que debe cumplir el acto.
Además, cuestionó las prioridades de la agenda presidencial en el cierre del mandato, señalando que se han realizado actividades protocolares con instituciones como Carabineros y las Fuerzas Armadas, mientras esta obligación internacional permanece pendiente.
Si la Corte Interamericana de Derechos Humanos acoge el requerimiento, podría declarar formalmente que Chile incumplió una sentencia internacional, lo que tiene consecuencias relevantes en materia de derechos humanos y credibilidad internacional.
Este tipo de resoluciones no solo afecta la imagen del país, sino que también obliga al Estado a adoptar medidas adicionales para garantizar el cumplimiento, bajo supervisión internacional.
