Presunto uso fraudulento de licencias médicas golpea a la Municipalidad de Puerto Varas: 19 funcionarios bajo investigación
El uso irregular de licencias médicas se ha convertido en un problema de alcance nacional, que no solo afecta a los sistemas de salud pública y privada, sino que también erosiona la confianza de la ciudadanía en las instituciones del Estado.
La Municipalidad de Puerto Varas se sumó esta semana al creciente listado de entidades bajo escrutinio, tras confirmar que 19 funcionarios —entre ellos trabajadores del municipio y de la Dirección de Salud Municipal— están siendo investigados por presuntas irregularidades en el uso de sus permisos médicos entre 2023 y 2024.
El detonante fue la recepción de antecedentes que apuntan a que algunos de los involucrados habrían utilizado licencias médicas para ausentarse de sus funciones mientras realizaban viajes al extranjero, pese a que los documentos autorizaban únicamente reposo en el domicilio. Esta situación, según reconoció el propio alcalde Tomás Gárate, representa una “profunda preocupación”, no solo por la eventual falta a la probidad administrativa, sino porque pone en entredicho el correcto uso de los recursos fiscales.
Frente a esta situación, la autoridad comunal ordenó la apertura inmediata de sumarios administrativos, comprometió una investigación interna “con la mayor celeridad posible” y afirmó que, una vez concluidos los procesos, se aplicarán las sanciones correspondientes.
Paralelamente, señaló que el municipio se encuentra en coordinación con la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y las ISAPRES, entidades responsables de fiscalizar el correcto uso de las licencias médicas, para que evalúen eventuales medidas desde el ámbito sanitario y previsional.
El caso de Puerto Varas se inserta en un contexto más amplio, en el que el abuso de licencias médicas ha sido identificado como una práctica que no solo perjudica al erario público, sino que también debilita la eficiencia y continuidad de los servicios que presta el Estado. En los últimos años, diversas investigaciones han mostrado cómo este tipo de conductas afecta negativamente la operatividad de organismos públicos y la percepción ciudadana sobre el compromiso ético de los funcionarios.
Gárate, por su parte, defendió la gestión del municipio, recalcando que su administración se ha caracterizado por altos estándares de probidad y transparencia. Sin embargo, reconoció que este tipo de hechos comprometen esa imagen y reiteró que “el deber de cuidar los recursos públicos” es irrenunciable.
