La Comisión Investigadora del Delito de la Macrozona Norte se reunió esta tarde para recibir a los funcionarios de Gobierno a fin de que se refirieran a su accionar respecto a la estrategia para enfrentar los nuevos tipos de delincuencia en Chile y sus efectos.
A la reunión estaban convocados Carolina Tohá, ministra del Interior, Eduardo Vergara, subsecretario de Prevención del Delito, y Luis Eduardo Thayer, director del Servicio Nacional de Migración.
Durante la discusión, se le preguntó al director de inmigración cuánto tendría que pagar el estado para expulsar a los inmigrantes ilegales. Luis Eduardo Thayer respondió que el costo rondaría los 2 millones 700 mil pesos para las localidades más apartadas.
Hasta ahora 140 personas han sido expulsadas en lo que va del año, según el director del servicio de migración, a un costo de 300 millones de pesos.
Jaime Araya, diputado independiente y presidente de la comisión, llamó a trabajar en medidas preventivas para evitar llegar a ese punto y expresó su preocupación por el costo de sacar a los inmigrantes ilegales del país.
Thayer se opuso a la reforma por los desafíos que plantearía a los procedimientos administrativos de expulsión. La comisión también discutió cambiar la clasificación de la inmigración ilegal para convertirla en un delito, como lo propone un proyecto en el Congreso.
El diputado de RN José Miguel Castro, integrante de la comisión, cuestionó al director del servicio migratorio sobre por qué es crucial tipificar como delito la inmigración ilegal.
