Una ampliación de querella presentada ante el Juzgado de Garantía de Castro busca ampliar la investigación contra la denominada comunidad Cahuala, organización asentada en Chiloé y con presencia en otras ciudades del país, por los presuntos delitos de trata de personas con fines de explotación laboral y sexual, además de asociación destinada a cometer ese ilícito.
La acción judicial fue presentada por los exintegrantes María Jesús Carrascosa y Alfredo Urrutia, quienes solicitaron incorporar estos nuevos antecedentes a la investigación iniciada en 2019, apuntando como imputados a Enrique Urrutia Aburto y María Alejandra Pinto Martínez.
Denuncian manipulación y aislamiento durante 15 años
Según la querella, los denunciantes ingresaron a la comunidad cuando atravesaban una crisis personal y profesional, tras iniciar un proceso terapéutico que los llevó a conocer a Enrique Urrutia, conocido dentro del grupo como “El Líder”.
Los querellantes sostienen que permanecieron alrededor de 15 años en distintas sedes de la organización, ubicadas en Vallenar, Santiago y Chiloé, participando activamente en diversas actividades económicas vinculadas a la comunidad.
Entre ellas mencionan un establecimiento educacional, sociedades agrícolas, una empresa consultora y un centro terapéutico, asegurando que trabajaban de forma permanente sin recibir una remuneración efectiva.
Asimismo, afirman haber sido sometidos a un proceso de aislamiento respecto de sus familias, manipulación psicológica y un control absoluto sobre aspectos como su trabajo, relaciones personales y lugar de residencia.
Acusan explotación sexual y control del líder
La ampliación de la querella incluye el testimonio de María Jesús Carrascosa, quien acusa haber sido víctima de acoso y explotación sexual por parte de Enrique Urrutia durante varios años.
Según la denuncia, el líder de la comunidad ejercía un control total sobre la vida afectiva y sexual de los integrantes, aprovechando la dependencia psicológica que habría desarrollado sobre ellos.
Los denunciantes sostienen que abandonaron la organización en 2015 para establecerse en España, donde aseguran continuar enfrentando secuelas psicológicas derivadas de su permanencia en la comunidad, además de importantes perjuicios patrimoniales y profesionales.
Abogado habla de una estructura con control total
El abogado querellante, Ignacio Zúñiga, afirmó que la investigación también contempla antecedentes relacionados con la muerte de menores de edad ocurridas al interior de la comunidad en circunstancias que están siendo investigadas.
Según explicó, la querella se centra principalmente en presuntos delitos de trata de personas, explotación laboral, abusos sexuales reiterados y otros hechos que podrían constituir delitos de carácter sexual.
Además, sostuvo que la organización funcionaba bajo una estructura jerárquica encabezada por un líder con control absoluto sobre la vida de sus integrantes.
“Había una estructura piramidal donde un líder espiritual definía aspectos como la sexualidad, las relaciones familiares, el trabajo y prácticamente todas las decisiones de quienes pertenecían a la comunidad”, afirmó.
Formalización fue reagendada
La formalización de cargos contra Enrique Urrutia y María Alejandra Pinto estaba prevista para esta semana, pero fue suspendida luego de que la defensa cuestionara la validez de las notificaciones judiciales.
El tribunal fijó una nueva audiencia para el próximo 2 de septiembre.
Mientras tanto, la Fiscalía solicitó medidas para evitar una eventual salida del país de los imputados, incluyendo el seguimiento de sus movimientos migratorios y la activación de mecanismos de alerta para ser informada en caso de que intenten abandonar Chile.
