Vallejo responde a críticas por nombramiento en Defensa: “El Gobierno gobierna hasta el 11 de marzo”
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió la contratación de la abogada Jessica Tapia Carvajal en el Ministerio de Defensa, en medio de cuestionamientos de parlamentarios de oposición que acusaron un eventual intento de “amarre” previo al cambio de administración.
La controversia surgió luego de que el subsecretario para las Fuerzas Armadas, Galo Eidelstein, designara a Tapia como jefa del Departamento de Estudios y Análisis en un cargo de planta grado 5°, con una remuneración bruta superior a $4,5 millones.
Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI), los diputados Flor Weisse y Omar Sabat criticaron la decisión, acusando un supuesto intento del Partido Comunista de Chile de instalar operadores políticos en instituciones vinculadas a la defensa nacional.
Gobierno defiende atribuciones hasta el final del mandato
Consultada por la polémica, Vallejo rechazó estas acusaciones y afirmó que el Ejecutivo mantiene sus atribuciones hasta el término del período presidencial.
“El Gobierno gobierna hasta el 11 de marzo. Después van a gobernar ellos, no antes”, sostuvo la secretaria de Estado, agregando que la administración actual debe continuar impulsando políticas públicas y gestionando el funcionamiento del Estado.
Asimismo, explicó que existe una diferencia entre los cargos de confianza —que finalizan con el cambio de gobierno— y los cargos de planta obtenidos mediante procesos concursables.
“La instrucción del Presidente y del Ministerio del Interior ha sido clara: los cargos de confianza se van el 11 de marzo”, indicó.
Respecto del caso específico en el Ministerio de Defensa, la vocera aseguró que corresponde a un proceso regular de selección, que incluyó la evaluación de perfiles mediante una empresa externa.
“Estos sistemas son concursos públicos y, en particular en este caso, ha habido un headhunter que evalúa perfiles”, explicó.
Críticas de la oposición
Vallejo también cuestionó el uso del concepto de “amarres” por parte de la oposición, señalando que podría interpretarse como un intento de frenar la gestión del Ejecutivo en la etapa final del mandato.
“¿Qué quieren? ¿Que el Gobierno deje de hacer funcionar el Estado?”, planteó, insistiendo en que la administración continuará ejerciendo sus funciones hasta el último día de gobierno.
La polémica se produce en medio de las definiciones previas al cambio de mando presidencial, previsto para el 11 de marzo, cuando asumirá una nueva administración.