Contraloría objeta más de $1,5 billones: Informe evidencia desorden estructural en gestión estatal
Un nuevo y contundente llamado de atención emitió la Contraloría General de la República (CGR), tras publicar su informe anual de auditorías correspondientes al periodo abril 2024-marzo 2025. El documento, de 233 páginas, fue entregado este jueves al Congreso y revela que se objetaron más de $1,5 billones en observaciones relacionadas con la administración pública.
La cifra exacta, $1.505.707.732.640, corresponde a hallazgos derivados de 792 acciones de fiscalización, incluyendo auditorías financieras, exámenes de cuentas e investigaciones especiales. El informe clasifica las irregularidades según su complejidad, dando prioridad a las de mayor gravedad, volumen de recursos afectados y reiteración de conductas.
Entre los problemas detectados destacan:
- Errores contables y presupuestarios por más de $359 mil millones.
- Irregularidades en contratos por $328 mil millones, incluyendo ampliaciones injustificadas y fraccionamiento de compras.
- Deficiencias en rendiciones de cuentas que suman $316 mil millones.
- Fondos mal gestionados por $252 mil millones, con saldos sin respaldo bancario o registros inexistentes.
- Pagos improcedentes por $57 mil millones, entre ellos duplicados o sin respaldo documental.
- Ingresos no percibidos por $81 mil millones, en muchos casos sin gestiones de cobro.
El informe advierte que muchas observaciones corresponden a hechos ocurridos incluso en años anteriores, reflejando que el desorden fiscal no es circunstancial, sino estructural. La CGR señala que existe un control débil, fragmentado y, en algunos organismos, ausente.
Una de las situaciones más críticas es la falta de acción posterior por parte de las entidades auditadas. En numerosos casos no se iniciaron procesos disciplinarios ni juicios de cuentas, y los recursos objetados ni siquiera fueron registrados como deuda, dificultando su recuperación.
Este nuevo balance subraya la urgencia de reformas en la gestión financiera estatal, mayor fiscalización interna y voluntad política para corregir fallas que, de mantenerse, seguirán debilitando la confianza en el uso de los recursos públicos.