Chilenos denuncian malos tratos tras deportaciones en EEUU y se abre la tensión sobre el futuro del programa 'Visa Waiver'
La llegada a Chile de 45 ciudadanos nacionales deportados desde Estados Unidos, este jueves 23 de mayo, ha encendido una alarma diplomática y humanitaria. Si bien el Ministerio del Interior informó que el proceso fue coordinado con autoridades estadounidenses, varios de los retornados denunciaron públicamente condiciones indignas durante su detención y traslado.
Las imágenes del reencuentro con sus familias en el aeropuerto de Santiago contrastaron con los testimonios de frialdad institucional, hacinamiento y tratos vejatorios.
Ricardo, uno de los chilenos deportados tras ser detenido en Miami, relató que pasó siete días durmiendo en el suelo, sin alimentación adecuada y con la pérdida de sus pertenencias personales.
“Nos tratan como perros. Los ‘sheriffs’ se reían de nosotros mientras estábamos tirados en el piso”, declaró a medios nacionales. Casos similares fueron expuestos por otros pasajeros del vuelo, incluyendo al bailarín y coreógrafo Yerko Aliaga, quien sostuvo que su situación migratoria era legal y que residía en EE.UU. desde hace cuatro años. “Pagué impuestos, trabajé con artistas, hice mi vida allá. Aun así, me encerraron en una sala helada, sin frazadas, sin dignidad”, aseguró.
Entre los deportados, tres tenían órdenes de detención pendientes en Chile, por lo que fueron arrestados al llegar. Sin embargo, el resto —en su mayoría con procesos administrativos de migración— afirma haber enfrentado detenciones arbitrarias, como en el caso de una joven detenida durante una redada a finales de abril y que, según su padre, “llegó en un estado deplorable”.
El retorno masivo de connacionales se da en un contexto de endurecimiento de las políticas migratorias bajo el nuevo mandato del presidente Donald Trump. Desde enero, su gobierno ha redoblado esfuerzos por cumplir su promesa de campaña de deportar a millones de inmigrantes indocumentados, sin que en muchos casos —según organizaciones de derechos humanos— se respete el debido proceso.
El canciller chileno Álvaro Elizalde reconoció que podrían ocurrir nuevas redadas en el corto plazo. En paralelo, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, anunció que se investigará si los deportados recibieron o no asistencia consular, un deber que el Estado chileno está legalmente obligado a cumplir. "Solo una vez verificado eso, podremos evaluar si se vulneraron derechos", indicó.
Este episodio revive una preocupación que ha estado latente en la política exterior chilena: la estabilidad del programa Visa Waiver (VPW), que permite a ciudadanos chilenos ingresar a Estados Unidos por hasta 90 días sin necesidad de visa. Chile es el único país latinoamericano con este beneficio, pero algunos legisladores estadounidenses han pedido suspenderlo, acusando que algunos ciudadanos lo utilizan para ingresar al país y cometer delitos.
La tensión diplomática crece. Las denuncias de trato degradante, sumadas a la falta de claridad sobre las causas reales de algunas deportaciones, ponen presión sobre las autoridades chilenas para defender los derechos de sus ciudadanos en el exterior y evitar un eventual deterioro en las relaciones bilaterales con Washington.