Funcionarios públicos en el extranjero de 'vacaciones' con licencia médica: Contraloría destapa irregularidades masivas en el sector público
Un informe reciente de la Contraloría General de la República (CGR) ha encendido las alarmas sobre el uso irregular de licencias médicas en el aparato estatal. Entre 2023 y 2024, más de 25 mil funcionarios públicos y trabajadores de instituciones asociadas al sector realizaron viajes internacionales mientras, en teoría, debían estar en reposo por motivos de salud.
El análisis —parte del noveno Consolidado de Información Circularizada (CIC)— cruzó datos con la Policía de Investigaciones y reveló una cifra que refleja la magnitud del problema: 59.575 movimientos migratorios fueron registrados durante períodos de licencia médica, amparados por 35.585 permisos emitidos. Esto sugiere no solo un incumplimiento masivo del deber de reposo, sino también una cultura de abuso sistemático del sistema previsional.
Del total de licencias, un 69% fue otorgado a través de Fonasa, mientras que el 31% restante corresponde a afiliados de distintas Isapres. Aunque las cifras por sí solas ya son preocupantes, lo que resulta más inquietante es la reiteración de estas conductas: 125 funcionarios realizaron entre 16 y 30 viajes internacionales mientras se encontraban con licencia, y 13 personas concentran el 25% del total de permisos emitidos bajo esta modalidad.
El informe también pone nombres a las instituciones con mayor número de casos. Destacan la Junta Nacional de Jardines Infantiles (JUNJI), con 2.280 licencias irregulares; la Fundación Integra, con 1.934; y la Municipalidad de Arica, con 719. El patrón sugiere una tendencia extendida que no distingue entre servicios municipales y organismos nacionales.
Por regiones, la Metropolitana lidera el ranking con 26.032 movimientos migratorios (43,7%), seguida por Arica y Parinacota con 10.043 (16,9%) y Magallanes con 5.980 (10%). La concentración regional permite vislumbrar no solo dónde se cometen más abusos, sino también dónde deben comenzar las investigaciones más profundas.
Más allá de los números, este informe plantea una pregunta incómoda para la gestión pública: ¿qué controles existen realmente para fiscalizar el uso correcto de un derecho fundamental como lo es la licencia médica? Mientras el país busca mejorar la eficiencia del gasto público, el abuso de beneficios como estos no solo erosiona la confianza ciudadana, sino que tensiona aún más los ya debilitados sistemas de salud y previsión.