Corte confirma fuero de Boric y frena querella por injurias en su contra
La Corte de Apelaciones de Copiapó confirmó que el expresidente Gabriel Boric cuenta con fuero constitucional, lo que impide continuar con la tramitación directa de una querella por injurias presentada en su contra por el exdirector del Servicio Local de Educación Pública (SLEP) Atacama, Daslav Mihovilovic.
El tribunal de alzada respaldó la decisión adoptada en primera instancia y determinó que, pese a que la acción judicial fue presentada antes del cambio de mando presidencial, el exmandatario ya se encuentra protegido por la prerrogativa legal que otorga su nueva investidura, lo que obliga a seguir un procedimiento especial antes de continuar con el proceso penal.
La querella se originó a partir de declaraciones realizadas por Boric en enero de 2026, cuando criticó duramente a Mihovilovic tras una controversia vinculada a la celebración del quinto aniversario del SLEP Atacama, actividad que generó cuestionamientos públicos por el uso de una limusina.
En ese contexto, el entonces presidente calificó al exdirector del servicio como una persona “descriteriada”, lo que motivó la acción judicial por injurias.
La querella sostenía que las afirmaciones del mandatario eran “objetivamente falsas y deshonrosas”, argumentando que dichas declaraciones habrían afectado la reputación y la empleabilidad del exfuncionario.
La decisión de la Corte
Al analizar el caso, la Corte de Apelaciones resolvió que el procedimiento simplificado solicitado en la querella no puede avanzar mientras no exista una solicitud formal de desafuero.
El tribunal aplicó el principio jurídico in dubio pro reo, que establece que en caso de duda se debe favorecer la interpretación más favorable para el imputado.
En consecuencia, cualquier proceso penal contra el exjefe de Estado deberá precederse de un procedimiento de desafuero, mecanismo mediante el cual un tribunal decide si corresponde levantar o no el fuero constitucional.
Defensa evalúa nuevas acciones judiciales
La defensa de Mihovilovic, encabezada por el abogado Raimundo Palamara, sostiene que la gestión del exdirector del SLEP fue respaldada por auditorías ministeriales que descartaron irregularidades en el uso de recursos públicos durante la polémica celebración.
Tras la resolución de la Corte, el equipo jurídico evalúa presentar un recurso de queja o iniciar formalmente el proceso de desafuero para continuar con la acción penal contra el exmandatario.
La decisión judicial deja en suspenso la querella por injurias y abre un nuevo escenario legal que dependerá de si los tribunales acceden o no a levantar el fuero constitucional que actualmente protege a Gabriel Boric.
