Polémica en Puerto Montt: menor acusado de homicidio frustrado queda con arresto domiciliario total
Un menor de edad fue formalizado por el delito de homicidio frustrado en Puerto Montt, luego de que presuntamente apuñalara a otro adolescente en uno de los accesos a un centro comercial del sector céntrico. A pesar de la gravedad del hecho, el tribunal de garantía desestimó la petición de internación provisoria presentada por la Fiscalía, lo que generó inmediata apelación ante la Corte de Apelaciones de Puerto Montt.
El ataque, ocurrido la tarde del 5 de agosto de 2025, dejó a la víctima —también menor— en estado grave y con riesgo vital, tras ser intervenido quirúrgicamente en el Hospital de Puerto Montt. Según la fiscal del caso, Nathalie Yonsson, el ataque habría sido motivado por "rencillas anteriores" entre los adolescentes.
Durante la audiencia de formalización, el Ministerio Público solicitó que el imputado fuera internado en un centro cerrado, argumentando la gravedad del delito, la existencia de pruebas contundentes y el riesgo para la seguridad de la sociedad. Sin embargo, el tribunal resolvió imponer arresto domiciliario total, junto con la prohibición de acercarse a la víctima y la obligación de integrarse a un programa de intervención juvenil.
Fiscalía apela decisión del juez de garantía
La fiscal Yonsson expresó su desacuerdo con la medida cautelar dictada y confirmó que el Ministerio Público apeló la resolución judicial ante el tribunal superior. “Solicitamos que sea la Corte de Apelaciones quien determine si este imputado debe cumplir su proceso privado de libertad o bajo arresto domiciliario”, señaló.
Entre los antecedentes presentados, la Fiscalía incluyó declaraciones de testigos presenciales, registros audiovisuales que muestran la llegada y huida del presunto agresor, además de vestimentas incautadas con rastros que lo vincularían directamente con el hecho.
Este caso ha abierto nuevamente el debate sobre la aplicación de medidas cautelares a menores de edad en delitos violentos, especialmente cuando existen riesgos evidentes para la seguridad pública. La resolución de la Corte de Apelaciones será clave para definir los próximos pasos del proceso investigativo.
