Investigación por corrupción sacude la Municipalidad de Río Bueno: transferencias sospechosas y licitaciones bajo la lupa

La Municipalidad de Río Bueno, en la Región de Los Ríos, se encuentra en el centro de una profunda crisis institucional tras la apertura de una investigación por presuntos actos de corrupción. El actual alcalde Luis Reyes, en su cuarto mandato, es el principal foco de una indagatoria liderada por la Fiscalía local, que abarca cohecho, fraude al fisco y malversación de caudales públicos.

El caso dio un giro en julio de 2024, cuando se levantó el secreto bancario de las cuentas del jefe comunal por orden del Ministerio Público. Esto permitió detectar al menos 20 transferencias sospechosas por $15 millones, realizadas entre 2017 y 2019. Los fondos provenían de la cuenta de Elisa del Rostro (o Elisabeth Rosas), secretaria de Héctor Meza, un empresario local cuya constructora acumuló contratos con el municipio superiores a $1.800 millones entre 2014 y 2018.

Parte de estos antecedentes surgieron también gracias al trabajo del equipo investigativo de Diario Sur Noticias, que aportó datos clave a la investigación y reveló vínculos entre los movimientos bancarios, los contratos adjudicados y posibles conflictos de interés en la administración municipal.

Consultado, el alcalde Reyes—profesor y ex funcionario bancario—, afirmó que esos montos corresponden a “labores personales”, como asesorías deportivas o financieras, desvinculándolos de su rol edilicio. Sin embargo, no entregó detalles sobre los supuestos servicios ni la relación con la secretaria del contratista, señalando que explicará su versión solo ante la justicia.

El empresario Héctor Meza es conocido por adjudicarse la construcción del nuevo cuartel de Bomberos de Río Bueno en 2018, obra por $768 millones financiada por el Gobierno Regional. El proyecto ha sido criticado por fallas estructurales y la Contraloría determinó que la municipalidad no ejecutó las boletas de garantía para subsanar los problemas. Además, la empresa de Meza fue condenada por el Servicio de Impuestos Internos (SII) a pagar más de $400 millones por facturas falsas.

Otro polémico caso involucra a la ex alcaldesa Carolina Silva y la licitación del Talud Beauchef, adjudicada por $1.565 millones a una empresa sin experiencia, José Luis Acarbi, constituida recién en enero de 2023 con un capital de solo $1 millón. La Contraloría General de la República declaró irregular la licitación y sugirió su invalidación, pero la obra siguió adelante pese a existir empresas con mayor experiencia y mejores ofertas.

La investigación sobre el Talud Beauchef destapó una transferencia de $500.000 del empresario José Luis Accardi a un menor de edad, hijo de una detective de la PDI de Valdivia que luego participó en diligencias sobre el propio Acarbi. El empresario argumentó que era un aporte deportivo. Tras conocerse estos hechos, la Fiscalía reasignó la causa a otras brigadas de la PDI para evitar conflictos de interés.

“Cualquier operación sospechosa será investigada”, aseguraron desde la Fiscalía, que mantiene abiertas varias líneas de indagación sobre contratos, transferencias y eventuales nexos irregulares entre funcionarios municipales, empresarios y familiares de efectivos policiales.