Operación Apocalipsis: testimonios revelan red de corrupción, celulares, comida y favores sexuales en cárceles
Mientras continúa la formalización de la denominada “Operación Apocalipsis”, que involucra a 47 funcionarios de Gendarmería de Chile y 23 civiles, nuevos antecedentes judiciales comienzan a delinear con mayor claridad el modus operandi de una de las mayores redes de corrupción penitenciaria detectadas en el país.
Durante la audiencia, la Fiscalía ha expuesto cómo los imputados facilitaban el ingreso de elementos prohibidos, autorizaban visitas irregulares y habilitaban beneficios ilegales dentro de los penales, todo a cambio de pagos en dinero, transferencias electrónicas y otros favores, en un esquema sostenido y sistemático.
Según antecedentes publicados por La Tercera, la causa incluye un expediente de más de 6.500 páginas, donde destacan declaraciones voluntarias de reclusos y sus parejas, quienes relatan con detalle cómo operaba la red al interior de recintos como Santiago 1.
Los testimonios coinciden en que gendarmes ofrecían distintos “servicios” ilegales, con tarifas conocidas por la población penal y pagos canalizados a través de internos intermediarios, conocidos como mozos, quienes recibían transferencias bancarias desde el exterior.
Uno de los reclusos declaró haber comprado un teléfono celular a un funcionario por $300.000, dinero transferido a través de terceros. El mismo interno relató que, cuando los aparatos eran requisados durante rondas nocturnas, debían pagar hasta $100.000 para recuperarlos, práctica que describió como habitual y extendida.
Además, se cobraban montos para evitar revisiones durante traslados, permitir el ingreso de objetos prohibidos o postergar clasificaciones internas, con el objetivo de mantener a los internos en módulos donde el negocio ilegal seguía activo.
Los testimonios también describen un mercado paralelo de alimentos dentro de los penales. Gendarmes ofrecían comida preparada, como pollo asado o papas fritas, por valores que alcanzaban los $40.000, además de empanadas y otros productos.
En otros módulos, la venta era de alimentos crudos, conocidos como “feria”, con precios muy superiores a los del mercado externo. Todo era cocinado con sistemas artesanales y comercializado por internos que actuaban bajo control de funcionarios, generando ingresos semanales que debían repartirse.
Control interno, violencia y pagos obligatorios
Parte de los relatos apunta a la existencia de cobros obligatorios para poder vivir en ciertos módulos, denominados “la pieza”. Según un testimonio, los internos debían reunir hasta $500.000 semanales, bajo amenazas de violencia o expulsión del sector.
En este esquema, algunos gendarmes cumplían roles clave como proveedores de insumos y garantes del orden interno informal, delegando la ejecución en internos con poder dentro del módulo.
Visitas irregulares y denuncias de pagos sexuales
Uno de los aspectos más graves de la investigación surge de las escuchas telefónicas y declaraciones de parejas de internos. Según los antecedentes, mujeres en situación migratoria irregular habrían pagado dinero para ingresar encomiendas o acceder como visitas no autorizadas.
Pero además, una testigo señaló que funcionarios de Gendarmería insinuaron el pago mediante relaciones sexuales como alternativa cuando no existía dinero, para permitir ingresos irregulares o el traslado de especies ilícitas al interior del penal.
La Operación Apocalipsis no solo investiga delitos individuales, sino que expone fallas profundas en los sistemas de control penitenciario, revelando cómo redes internas pueden capturar espacios completos del funcionamiento carcelario, combinando corrupción, extorsión y abuso de poder.
