El jueves, el Senado aprobó un proyecto que incluye un aumento salarial del 4,3% para los trabajadores del sector público. Este proyecto también incluye una serie de normas misceláneas, una de las cuales se refiere al Indicador de Costos de la Salud (ICSA). Esta norma permitirá a las isapres aumentar el valor de sus planes anualmente a partir de marzo de 2024.
El Gobierno promovió esta medida con el objetivo de mitigar el impacto de la implementación de la sentencia de la Corte Suprema sobre las Garantías Explícitas en Salud (GES), que entrará en vigor en enero próximo.
A pesar de las solicitudes de los senadores de derecha para votar esta norma por separado, debido a las críticas recibidas por su inclusión en el proyecto de ajuste, fue finalmente aprobada de manera unánime como parte del mismo paquete.
Esto ocurrió después de que el Gobierno se comprometiera a presentar su reforma al sistema de salud en septiembre de 2024, en lugar de marzo de 2025, como estaba previsto originalmente.
La senadora Ximena Rincón (Demócratas) defendió el artículo del ICSA, argumentando que si el sistema de salud colapsa, afectará a los hombres y mujeres que necesitan atención médica, no a los empresarios.
El senador independiente Karim Bianchi, aunque votó a favor, expresó su descontento con la medida, citando un caso de atención en el sistema privado. Criticó la integración vertical y horizontal de negocios en el sector de la salud.
Bianchi enfatizó que las isapres han explotado a los usuarios y que el Congreso está enviando el mensaje de que los poderosos son impunes. Criticó que los afectados tengan que pagar su propia indemnización.
Paralelamente, Clínica Dávila y Clínica Santa María, ambas del grupo United Health, han pedido a todas las isapres renegociar los convenios existentes para garantizar los pagos que les corresponden.
El senador Francisco Chahuán (RN) destacó durante el debate que las isapres deben a los proveedores privados institucionales alrededor de 650 mil millones, una deuda considerable.
Chahuán advirtió que los términos del convenio entre los seguros privados de salud y los laboratorios clínicos o clínicas privadas podrían llevar a que un afiliado del seguro privado tenga que pagar el costo total del examen o tratamiento médico y buscar un reembolso eventual. Esto podría representar una situación crítica.
Al ser consultado sobre este posible escenario, el superintendente de Salud, Víctor Torres, dijo que no tienen atribución sobre esa situación porque es parte del acuerdo que tienen las isapres con las clínicas. Sin embargo, las coberturas son parte de los contratos que las isapres tienen con las personas.
