La constructora Queylen, que presta servicios al mercado de barrio desde hace 43 años, pidió su liquidación voluntaria. Sostuvo que hay deudas por más de $44 mil millones.
Según detalles de Diario Financiero, el negocio, que alguna vez empleó a más de mil personas, se concentró en las viviendas, la creación de proyectos industriales y la construcción de edificios de oficinas e institucionales.
Explicaron que sus problemas financieros se agudizaron tras el estallido social y la pandemia.
Ante esto manifestaron: “Presentamos a nuestra querida empresa una pérdida de $7.037.560.309 en el ejercicio fiscal 2022, con una deuda total de $44.090.651.340, y con 85 trabajadores contratados”.
Según la citada fuente, Pedro Pablo Pizarro y Andrés Rosselot, socios de Queylen, aseguraron que “ya no tenemos fuerzas, pero estamos satisfechos con lo que hicimos. Estamos en apuros a pesar de que muchos negocios han cerrado sus puertas”.
“Agradecemos a todos los que confiaron en nosotros en estos 43 años de grandes logros”, agregaron.
Así, la constructora Queylen se sumaría al grupo de empresas del sector que han pedido su liquidación voluntaria.
Un ejemplo ilustrativo de lo anterior fue lo ocurrido con “Claro, Vicuña, Valenzuela” el año pasado, que resultó en la desmovilización de más de 30 obras y el despido de 2.500 personas por aumentos de costos que, según él, no pudo poder pagar.
Dado que la empresa tenía contratos vigentes con el Estado relacionados con proyectos de infraestructura pública en numerosas regiones (como el Libramiento de Castro, el eje Colón de Talcahuano y el puente Bicentenario sobre el río Bo Bo, por mencionar algunos), su situación encendió las alarmas en la mundo político y laboral y sus pasivos superaban los US$ 60 millones.
244 empresas del sector de la construcción se habían declarado en quiebra en los tres semestres anteriores, según un análisis finalizado a fines del año pasado con datos de la Superintendencia de Concursos Mercantiles y Reemprendimiento (SUPERIR).
Esto ascendió a 58 empresas del sector que se declararon en quiebra en el primer semestre de 2021, a las que se sumaron 76 en el segundo semestre de ese año, y 110 en el primer semestre de 2022.
