Puerto Montt presenta querella criminal por caso de “funcionarios fantasmas” en el DAEM
La Municipalidad de Puerto Montt, a través de su Unidad Penal, presentó una querella criminal para que el Ministerio Público investigue los eventuales delitos cometidos en el escándalo de los llamados “funcionarios fantasmas” del Departamento de Administración de Educación Municipal (DAEM), tras detectarse pagos irregulares por $230.379.448 entre enero de 2019 y junio de 2024, según el último informe de la Contraloría General de la República.
El alcalde Rodrigo Wainraihgt Galilea detalló que la acción judicial responde al informe N°20 de la Contraloría, que da cuenta de pagos indebidos a 10 funcionarios del DAEM y ordena la restitución de $197.110.840 a las arcas municipales. “Situaciones como estas no las vamos a permitir. Vamos más allá de lo administrativo”, recalcó el jefe comunal, añadiendo que ya se instruyó a la Dirección Jurídica para iniciar también acciones civiles.
El abogado Marcos Emilfork, líder de la Unidad Penal Municipal (UPM), señaló que el análisis interno revela posibles delitos funcionarios tanto de quienes recibieron dineros sin trabajar, como de quienes omitieron los controles jerárquicos sobre estos pagos. “Existen hechos graves, como el pago de sueldos íntegros a ex funcionarios ya desvinculados, situaciones que exigen investigación penal, no solo administrativa”, advirtió Emilfork.
En paralelo, se instruyó un sumario administrativo para establecer responsabilidades internas, pero la querella busca además que se esclarezca el rol de los supervisores y la eventual existencia de una red más amplia de omisión de deberes de control.
Por su parte, el jefe (s) del DAEM, Faustino Villagra, afirmó que la actual administración trabaja para transparentar los procesos y subsanar las omisiones del período anterior: “El informe de la Contraloría es una hoja de ruta para seguir avanzando en transparencia y corregir malas prácticas que avergüenzan la educación pública”.
Las irregularidades detectadas incluyen pagos por servicios no acreditados, ausencias injustificadas, remuneraciones dobles y falta de supervisión en contratos y horas extras, elementos que fundamentan la decisión del municipio de judicializar el caso y buscar sanciones ejemplares.